Por Fernando del Rio

Mar del Plata 2020. Son los tiempos modernos, los que alguna vez fueron imaginados con teletransportación, rastreo humano, robots voladores, replicantes de personas y comida en píldoras. Desde cierto punto de vista tecnológico aquella profecía tecnológica se cumplió por la capacidad de las telecomunicaciones de colocar a alguien en cualquier lugar del mundo, por los drones, por la geolocalización y por internet. Acaso falte la comida en dosis, pero no las dosis. Ni las drogas, ni los vendedores, ni los compradores. Ni la zona roja. Porque de drogas siempre se habló y se seguirá hablando.

Mar del Plata 2020 tiene su Zona Roja moderna como una versión destratada de lo que supone el sentido natural de esos universales paseos donde la prostitución, práctica que en el presente debería estar abolida, es el principal atractivo. Sin el glamour del barrio Pigalle de París, sin la transgresión ordenada de la Repperbahn de Hamburgo y sin el respeto por la tradición de la Damstraat de Amsterdam, la Zona Roja de Mar del Plata se transformó en un nicho desagradable donde no faltan los oprimidos, los afectados y, por supuesto, los grandes ganadores.

En verdad, es una zona tomada. No hay consenso. No hay plan. Y nadie quiere hacerse cargo, porque en lugar de un sitio para la oferta de servicio sexual se erigió un monumental negocio de venta de cocaína. Porque todos saben lo que sucede en el eje Avenida Luro y su satélite San Martín entre las grandes vías Jara y Champangat. Y también la estadística revela que el grupo vulnerable de personas trans peruanas son la mano de obra, aunque con una particularidad que puede comprobarse en casi todas las causas judiciales de los últimos años: no hay indicios de “explotación”. Es decir que sin desconocer la situación desfavorecida de esa minoría lo que sucede en la zona Roja es un escenario de emprendimiento personal organizado entre algunas pocas. No hay disputa territorial, no hay empleadas y empleadores. Más bien son organizaciones horizontales donde todas las trans investigadas están en la misma línea. Suelen ponerse de acuerdo para repartirse las esquinas y comprar droga en Buenos Aires. Pero no se ve explotación.

Solo hay una causa en la que debió intervenir la Justicia Federal y que revela un entramado de organización que en los medios fue conocida como “Tacos Blancos”. Cuatro mujeres trans de nacionalidad peruana, además de una mujer y su pareja argentinos fueron condenados por la venta. Sin embargo, no se corroboró la trata de personas. De hecho, se absolvió por ese delito a todos los imputados. Ese expediente está en vías de verificar (falta un segundo juicio) otra verdad: la participación policial como encubridora de la venta de drogas en la Zona Roja.

La única salida es la prevención

El Estado es responsable de la existencia de la zona Roja y son tres los ejes importantes que inciden: el policial, el judicial  y el Municipal. Sin lugar a dudas, y a juzgar por la alta reincidencia, es poco lo que modifica el escenario la intervención de la Justicia. Por más que se inicien causas el obstáculo mayor es que quienes venden no recibirán penas elevadas y en pocos meses estarán nuevamente en la situación anterior. O peor aún, su lugar será ocupado por otras personas. De modo que todo se reduce a una cuestión de prevención.

Ahí es donde gravitan las fuerzas de seguridad que, como sucede en cualquier tipo de delito, deben orientar su empeño en prevenirlos, no reprimirlos. La jurisdicción de la Zona Roja es provincial y específicamente de la comisaría cuarta. En los últimos años la connivencia (palabra mucho más grande que lo que su novel utilización sugiere) fue conocida por todos los marplatenses, ya sea por omisión o directamente por participación ilícita pocas veces probada. La llegada de retenes de Prefectura Naval o de Gendarmería no agregó mucho: la venta se seguía desarrollando.

Desde el área Municipal el control de la infraestructura es un aporte decisivo. Más cámaras de seguridad, mejor iluminación, control del transporte público (taxis y remises) y, además, una decisión política de modificar esta problemática son parte de la solución inicial. Pero también gestionando el apoyo del Estado provincial y nacional con sus instituciones para abordar la situación que excede lo criminal y que tiene como epicentro un grupo social que es evidentemente vulnerable: minoría de género, extranjero y marginado del mundo laboral.

Al respecto en las últimas semanas se creó una Mesa de Trabajo interinstitucional e interdisciplinaria. Participa la Secretaría de Seguridad Municipal, Desarrollo Social de la Nación, Daniela Castro de la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Entre todos se buscará una salida preventiva y una solución que evite que estas personas trans, calculadas en 220 en toda Mar del Plata, salgan del mundo de la prostitución y la venta de drogas. Naturalmente, un número mucho menor al total es el que se ve involucrado en el narcomenudeo de la zona Roja.

“Somos un Estado abolicionista, por lo tanto no podemos permitir institucionalmente la práctica de la prostitución, ni siquiera generando herramientas sanitarias adecuadas”, explicó una fuente judicial.

Un submundo ajeno

La zona Roja se desarrolló a la vista de todos los marplatenses y fue a fines de los ’90  una lateralización del sector original que se erigió en la avenida Champagnat. Allí la comunidad trans (en aquella época estaba aceptada socialmente la palabra “travesti”) ofrecía servicios sexuales aprovechando la presencia del Mercado de Abasto.

Luego, al desaparecer ese centro de abastecimiento frutihortícola el trabajador sexual necesitó un lugar menos visible y más refugiado (calles laterales y menos iluminadas que la ya innecesaria Champagnat), y se dirigió hacia la avenida Luro. Ya por entonces la demanda de servicio sexual excedía el rubro del transporte y ganaba un mercado de residentes estables. De allí a transformarse en un área de venta de estupefacientes fue cuestión de un proceso casi lógico. Hoy el servicio sexual perdió absoluto terreno e incluso en algunas investigaciones las vendedoras ni siquiera visten como suelen hacerlo aquellas que sí lo ofrecen.

Un abogado que suele representarlas brindó una noción de ese universo. “No hay organización de ningún tipo –dice-, son todas personas trans connacionales, no hay disputas territoriales y suelen coordinar entre ellas la compra para después vender. Pero ninguna de estas chicas se compra un cero kilómetro… Viven alquilando, generalmente lejos de la zona Roja y suelen perder todo cuando caen detenidas, ya que el locatorio se les queda con los muebles y sus pertenencias”.

En los últimos años hubo varias investigaciones en las que se pudo detectar la actividad de “células” integrada por personas trans que vendían cocaína en la zona Roja. Una de ellas se inició con el secuestro de 8 kilogramos de cocaína en una cochera del centro de la ciudad. Ese día de abril de 2018 un proveedor de Buenos Aires con su pareja trans fueron detenidos. Se estableció que eran abastecedores de pequeñas células y, de hecho, se abrieron algunas investigaciones que terminaron con el operativo “Brisa Blanca”, de julio de ese año, con varios detenidos, la mayoría mujeres trans.

También se realizó el operativo “Chaufa”, con dos mujeres detenidas que formaban parte de la red de abastecimiento de algunas mujeres trans en la zona Roja.

En octubre de 2018 hubo 13 detenidas por el operativo “Esquinas Blancas” y el año pasado primero cayó “Afrika”, una mujer trans con una historia de reincidencia inverosímil, y meses después se desarticuló a una “célula” integrada por una mujer trans lisiada, su madre y otras tres mujeres trans, las que también vendían cocaína en la zona Roja.

El daño excede a los propios protagonistas. Se cuentan por tres los homicidios, por decenas los heridos de bala y apuñalados, pero también sobresale el malestar de los vecinos que padecen el grotesco merodeo de los “fisura” y la depreciación urbanística.

La característica que puede advertirse es muy evidente: que la zona Roja se reconstruye día a día, que a vendedora apresada, vendedora renovada. La solución es política y, aunque a muchos no les guste, de asistencia social. Hay rumores de que la zona Roja finalmente será corrida de su actual ubicación, que cambiará por un lugar de Mar del Plata en el que no afecte el entorno, a los vecinos. Más allá de esa utopí, el conflicto que la origina subyace a la superficial venta. Radica, por supuesto, en la demanda del consumidor, pero también en la propensión al dinero fácil de quienes ni siquiera pueden conseguir dinero difícil.

La batalla contra el narcomenudeo es una batalla etérea. A esta altura toda la sociedad sabe que suprimir un punto de venta no significa un punto de venta menos al día siguiente. Entonces habrá que pensar en otras soluciones. Por lo pronto, eliminar la violencia, priorizar el derecho de los vecinos a la propiedad y a vivir sin un entorno tóxico o buscarle alternativas de un futuro diferente a la minoría trans no es poco para empezar.