La Zona Roja de la ciudad, comprendida principalmente en la avenida Luro entre Jara y Champagnat, presenta un escenario sórdido en el que fluye la venta de droga al menudeo, la prostitución y la explotación de uno de los colectivos más vulnerables: las trans, principalmente de Perú. Ante esta situación conocida, las autoridades locales, provinciales y nacionales conformaron un espacio para trabajar en la problemática y la restitución de derechos de este sector.

“Vecinos de la zona roja exigen soluciones”, no importa que fecha se lea ese titular, es actual independientemente el gobierno y la situación. Las quejas son las obvias: los conflictos que generan que por esas calles circulen prostituyentes y compradores de drogas; sirenas, conflictos con la policía y peleas.

Según un informe publicado a principios de junio en LA CAPITAL, las estadísticas revelan que el grupo vulnerable de personas trans peruanas son la mano de obra en la zona roja, aunque con una particularidad que puede comprobarse en casi todas las causas judiciales de los últimos años: no hay indicios de “explotación”.

Desde la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, conducida por Daniel Adler, y con la participación de la encargada de la Oficina de Coordinación de Asistencia a Víctimas, Mila Montaldo, se convocó a un espacio de trabajo a los gobiernos municipal, provincial y nacional, junto a las organizaciones de la diversidad, para avanzar en la restitución y reparación de derechos de la población travesti trans.

El abordaje surgió justamente por la realidad que se vive en la Zona Roja, con mujeres trans y travestis que encuentran allí su subsistencia, la violación contante al ASPO, las quejas de los vecinos.

De esta manera, se conformó la Mesa Transversal en Derechos Humanos y Géneros, que reúne a representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio de General Pueyrredon, de la Dirección Provincial de Políticas de Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de género y Diversidad sexual, del Centro de Referencia local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la Dirección Nacional de Migraciones Delegación Mar del Plata, de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO), del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Fiscalía General.

Las reuniones periódicas permitieron conformar equipos de trabajo operativos. Por un lado, las y los representantes de los órganos ejecutivos se abocan a la articulación de recursos para restituir y reparar derechos, que van desde la alimentación, la documentación, la asistencia en salud, la cuestión habitacional y el acceso a la Justicia, entre otras. Por otro lado, se conformó una comisión para avanzar en la capacitación y sensibilización de fuerzas de seguridad y trabajadores estatales de atención al público.

“Integrar la diversidad es muy importante. Lo que estamos haciendo es un modelo democrático, en la búsqueda de salidas consensuadas, desde la integración de todos los niveles de gobierno, las organizaciones de la diversidad, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, y las policías en la instancia de sensibilización”, destacó el fiscal general Daniel Adler.