G.L.C. tiene 15 años, en 2016 fue vendida por su madre a una pareja de gitanos de Mar del Plata que la utilizaron prácticamente como a una esclava y la obligaron a casarse con su hijo, hasta que finalmente en febrero de 2017 pudo escaparse de esa familia y contar su historia a la Justicia. Hoy, sus captores se encuentran detenidos con prisión preventiva y ella se encuentra en un hogar de abrigo, lejos de las personas que la trataron como mercadería en este siglo XXI.

Cuando la nena tenía 12 años su padre murió, por lo que tuvo que volver a encontrarse con su madre, quien vivía en una comunidad gitana de La Plata. En 2016, su madre y padrastro decidieron deshacerse de la menor y la vendieron a un matrimonio de gitanos de Mar del Plata por 30.000 pesos en efectivo y, luego de concretada la “transacción” una camioneta Renault Kangoo.

La nena, ya con 14 años, fue entregada por su madre a la familia de gitanos que la compró y, según relato a la Justicia, los primeros días la recibieron de la mejor manera y la trataron muy bien, hasta que su madre se fue y volvió a Mar del Plata. Luego, la menor aseguró que recibió un llamado de su padrastro, quien le dijo que tenía que casarse con el hijo de la pareja que la había comprado y que, si no la hacía, él golpearía a su madre. La nena no tuvo más remedio que casarse con el joven, de 16 años.

En su declaración en Cámara Gesell, la menor narró el sufrimiento que padeció durante los 8 meses que estuvo con la familia de zíngaros de Mar del Plata que la compró.

La víctima, cuando tenía 14 años, fue vendida por su mamá y padrastro a una familia de gitanos de Mar del Plata por $30.000 y una camioneta Renault Kangoo.

En ese tiempo, la obligaron a realizar las tareas del hogar, atender a todos los ocupantes de la casa y, además, la llevaban a la calle a pedir limosna o vender artículos en la vía pública.

La víctima también sufrió agresiones físicas. Era golpeada por la pareja que la compró, a quien ella llamaba “suegros”, y fue obligada a tener relaciones sexuales con el joven con el que la hicieron casarse informalmente.

En una oportunidad, la nena contó que la violencia llegó al punto que tuvo que ser hospitalizada: un día olvidó comprar las galletitas que su “esposo” quería, este, enojado, la tomó de la remera y la tiró por las escaleras del segundo piso, fracturándose el pie y lastimándose el brazo. Una vez en el nosocomio, tuvo que mentirle a los médicos, y decirles que ella se había caído por las escaleras. Este episodio desencadenó en que la relación entre la víctima y la familia que la había comprada empeorara, al punto que se intensificaron los episodios de violencia.

En Cámara Gesell, la nena contó que la obligaron a casarse con un joven de 17 años y a mantener relaciones sexuales con él.

El 24 de febrero de 2017, G.L.C. decidió ponerle punto final a su tormento y aprovechó una oportunidad para escapar: había sido llevada al centro por su “suegra” para vender pañuelitos en la calle y, en un momento de descuido de su captura, huyó del lugar. Dos mujeres encontraron a la menor, visiblemente angustiada, en Córdoba y Garay y ella les contó su historia. Las mujeres no dudaron y la ayudaron, la llevaron a la Justicia, para que contara todo lo que había vivido.

Al día siguiente, cerca de las 22.30, la mujer que había comprado junto a su marido a la nena se presentó en la comisaría primera para denunciar la desaparición de una menor. La mujer aportó todos los datos y, gracias a los testimonios de la menor que ya se encontraba en un hogar de abrigo, fue reconocida por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones, que le comunicó la situación a la fiscal federal Laura Mazzaferri.

La nena estuvo 8 meses con la familia que la compró y en ese tiempo la trataron prácticamente como una esclava, la golpeaban y maltrataban.

Con esa información, la fiscal Mazaferri ordenó allanar la casa de la familia acusada por la menor y en el lugar se hallaron las pertenencias de la nena, dando cuenta que efectivamente vivió ahí por unos meses. Con estas pruebas, la fiscal Mazzaferri le atribuyó a la pareja haber captado, recibido y acogido a G.L.C..
La nena, que hoy ya cumplió los 15 años, pudo escapar de ese infierno en el que fue obligada a vivir. En este último año en el que recibió la asistencia del Estado, G.L.C. pudo tramitar su DNI y comenzó a aprender a leer y a escribir, ya que al no haber sido escolarizada en el pasado era analfabeta.

La detención de los captores

El pasado viernes 9 de marzo, el hombre y la mujer de la comunidad zíngara acusados de haber comprado a la menor fueron detenidos en Comodoro Rivadavia, Chubut, en un operativo realizado por integrantes del Gabinete especializado en Secuestros Extorsivos de la DDI de Mar del Plata, con la colaboración de la policía de esa provincia del sur.

Ambos detenidos se negaron a declarar ante la fiscal Mazzaferri, quien en ese primer momento los imputó por el delito de “trata de personas”. La mujer fue alojada en el Destacamento Femenino y al hombre en la Alcaidía Penitenciaria Nº 44 de Batán.

Por su parte, el hijo de la pareja, por ser menor de edad menor de edad, sólo se dispuso su notificación de comparendo en la sede judicial.

La confirmación de los procesamientos

El juez federal Santiago Inchausti confirmó los procesamientos de los imputados y dictó la prisión preventiva de ambos, al considerar que existe riesgo procesal. “No puede perderse de vista la conducta procesal adoptada por los imputados en las presentes actuaciones, quienes se dieron a la fuga junto a todo su grupo familiar siendo habidos casi un año más tarde, y en el sur del país, más precisamente en la ciudad de Comodoro Rivadavia, todo lo cual permite concluir que no existe una manera de asegurar su sujeción al proceso mediante un modo menos lesivo. También debe tenerse en cuenta la gravedad de los hechos que se investigan”, consideró el magistrado.

De esta manera, Inchausti dispuso el procesamiento con prisión preventiva para el hombre y la mujer por el delito de trata de personas con finalidad de someter a la víctima a una unión de hecho y matrimonio servil, bajo la modalidad de captación y acogimiento, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad, por la participación de tres o más personas, por haberse logrado consumar la explotación y finalmente por tratarse de una menor de edad.

El juez también fijó un embargo para los bienes de la pareja por una suma que pueda cubrir los $200.000.
Por otra parte, en cuanto a la situación del hijo de la pareja, Inchausti consideró que no existe mérito para procesarlo. “Por las circunstancias señaladas, entiendo que la hipótesis delictiva también podría colocar al nombrado, menor de edad, como víctima de los hechos cometidos por sus padres y por tanto, podría ser aplicable la cláusula de inimputabilidad”, expresó en su resolución.