La Corte Suprema de Justicia convalidó hoy una decisión que obliga a la empresa YPF SA a pagar a la provincia de Neuquén cifras millonarias por el pago de regalías.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la apelación de la firma contra fallos provinciales, al entender que no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Lo que se debate en la causa es si el gas extraído en un yacimiento y con el cual se produjo energía eléctrica con una central dentro del mismo yacimiento está gravada con regalías cuando no se consume para la operación de ese establecimiento, sino que es inyectada en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para que YPF SA la “tome en otro nodo” para su uso, en la operación de otro yacimiento propio (en este caso situado en otras provincias como Mendoza, Chubut y Santa Cruz).

Las causas 856/2020, 858/2020, 229/2021 y 1644/2021 analizaron la demanda de la provincia de Neuquén contra la empresa YPF SA por desacuerdos en el pago de regalías en el área Chihuildo de la Sierra Negra.

Los escritos hablan de $22.728.479, $552.081, $32.091.224 y $256.077, respectivamente, más intereses resarcitorios, por diferentes períodos fiscales.

YPF SA rechazó la demanda y sostuvo que el gas sobre el que la provincia reclamaba fue usado por la firma para la generación de energía con destino al uso en yacimientos propios y por eso no debía abonar esa suma que se reclamaba.

En ese marco, invocó el precedente Chevron y planteó la inconstitucionalidad de leyes locales (el artículo 62 de la norma 2453 y los artículos 12 y 13 de la ley 1926 que permiten iniciar la ejecución fiscal sin haber constatado la deuda).

También reclamó convocar a la CAMMESA para confirmar que el gas extraído había sido destinado a generar energía en la central Lomitas y esa energía fue incorporada a MEM, lo que no implicaba necesariamente una venta.

Tras fracasar en varias instancias, YPF llegó a la Corte Suprema a través de recursos extraordinarios, en donde ahondó en su posición sobre la pretensión fiscal y cuestionó las decisiones anteriores.

El máximo tribunal desestimó los planteos por falta de sentencia definitiva.