Xiomara Castro asumió como presidenta de Honduras, la primera mujer en llegar a ese cargo, en un acto desarrollado en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, que estuvo colmado por sus seguidores y con el primer desafío de apagar una crisis en el Parlamento que ya amenaza su liderazgo.

Castro juró ante la jueza Karla Lizeth Romero, luego de que Luis Redondo, presidente de la junta paralela del Congreso Nacional, iniciara la sesión.

“Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes”, juramentó Castro, mientras su nieta, Irene Zelaya, sostenía la Carta Magna de la República y su esposo, Manuel Zelaya, desplegaba la banda presidencial que utilizó durante su mandato, interrumpido por un golpe de Estado en 2009, y se la traspasó a Castro.

Precisamente sobre el conflicto parlamentario, Castro le ofreció al disidente Jorge Cálix el puesto de Coordinador de Gabinete, y el otro presidente del Congreso agradeció y quedó en que “pronto” recibirá su respuesta.

Ya en el acto, tras destacar en el inicio de su discurso la presencia de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y del rey de España Felipe VI, Castro dijo que “la Presidencia nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras, han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó la independencia”, y señaló que con su asunción se están “rompiendo cadenas” y “tradiciones”.

Al analizar la actual situación económica afirmó: “Mi gobierno no continuará el saqueo que ha condenado a los jóvenes a pagar la deuda que contrajeron a sus espaldas”, además de “arrancar de raíz la corrupción de 12 años de dictadura”.

La flamante mandataria refirió que “la catástrofe económica no tiene parangón en la historia del país” y enumeró el aumento “del 700% de la deuda” y “el crecimiento de la pobreza al 74%”, que transformó a Honduras “en el país más pobre de América Latina”, lo que desembocó en la “caravana de miles de personas que huyeron para México o Estados Unidos, buscando la forma de subsistir sin importar el riesgo de sus vidas”.

“Tenemos el deber de restaurar el sistema económico sobre la base de la transparencia, producción y justicia social”, completó Castro.

La Presidenta señaló que por el pago de créditos tomados se insume en conceptos de intereses y capital “el 50% de los ingresos del Presupuesto”, y admitió que “el Estado no tiene la capacidad de sostener la bochornosa deuda heredada”, lo que llevará a “una reestructuración con acreedores privados y públicos”.

“Si la de los ’80 fue la década perdida, esta fue la década más corrompida de la historia de Honduras”, subrayó, y apuntó a “la seguridad jurídica, ciudadana y social”, además de la seguridad de “hablar con libertad” y en donde “el disenso racional es admitido”.

Castro adelantó que regresarán las “consultas populares” y solicitará al Congreso “la ley de participación ciudadana” para ese propósito, y puntualizó: “No más silencio ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfico ni crimen organizado”.

Después lanzó 22 acciones de gobierno, la primera muy aplaudida: “Un millón de familias en la pobreza, que consumen menos de 150kw por mes, desde ahora no pagarán más la factura de consumo de energía”, que se solventará con “los altos consumidores”, que “pagarán más en sus facturas para subsidiar la energía a los pobres de Honduras”.

También propondrá un proyecto de ley de “subsidio para el combustible, para lograr la reducción de los precios actuales”, y pedirá al Banco Central y a la secretaría de Finanzas “los mecanismos legales para la disminución de intereses bancarios para la producción”.

Al Ministerio de Educación le dará “presupuesto para iniciar las clases presenciales, con matrícula gratis, merienda, vacunas y mascarillas”, alentará el “desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria”, y con las Fuerzas Armadas “la protección del medio ambiente”.

La jefa de Estado anulará los permisos “de minas abiertas o explotación minera” y bregará por “el desarrollo agroforestal e industrial”, la “promoción de turismo” y “una estricta política fiscal”.

Irá por “la libertad de los presos políticos de Guapinol”, además de “justicia por Berta Cáceres”, la activista asesinada el 3 de marzo de 2016.

“Los adultos mayores, personas con discapacidad, niños y jóvenes, indígenas, pueblos originarios y de la comunidad LGBT tendrán un lugar preciso en mi gobierno”, indicó Castro en otra de las propuestas.

En este primer mes, adelantó que se encaminará a derogar “las aberrantes reformas constitucionales” y en ese sentido propondrá “una ley que condene el golpe de Estado y la reelección ilegal, que es un delito de traición a la patria”, en referencia en este segundo punto a su antecesor Juan Orlando Hernández, quien logró dos mandatos gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en 2015 declaró inconstitucional el artículo 239 de la Carta Magna.

La mandataria adhirió a una “amnistía a presos políticos que están en el exilio, para su retorno”, y “restituir la nacionalidad al padre Andrés Tamayo”, además de derogar en 60 días leyes “destinadas a saquear las arcas públicas”.

También dijo que buscará leyes orientadas a terminar “con la criminalización de la protesta”, mientras que “las leyes que promueven la corrupción y saqueo público no volverán, porque se democratizará el Congreso Nacional”, y además este año garantizará “la primera consulta popular sobre reformas constitucionales”.

Castro dijo que habrá “una reforma al Presupuesto sobre el régimen económico y financiero”, que instalará “una comisión nacional e internacional de combate a la corrupción e impunidad”, “un Estado abierto y una República digital”, además de “una política exterior ciudadana, centroamericana, latinoamericana, soberana y solidaria, y con multilateralismo”.

“Un mundo mejor es posible”, expresó Castro, y finalizó: “Tenemos la mejor disposición y espíritu de diálogo. Ya no más violencia contra las mujeres; voy con todas mis fuerzas para cerrar la brecha, para que nuestras niñas puedan vivir en un país libre de violencia”.