Como ya había ocurrido en marzo pasado, dos mujeres de 29 y 62 años fueron detenidas por vender cocaína en el barrio Florencio Sánchez, a metros de dos escuelas.

El operativo se llevó a cabo este miércoles a la tarde, luego de una extensa investigación que llevaron adelante policías de la Delegación de Drogas Ilícitas, bajo las órdenes de los fiscales de Estupefacientes, Daniela Ledesma y Leandro Favaro.

El caso comenzó a principios de año, a través de ciertas sospechas enmarcadas en las tareas que tanto la Justicia como la fuerza llevan a cabo para prevenir la comercialización de narcóticos en los barrios de la ciudad. Los nuevos procedimientos incluyeron diversas acciones encubiertas hasta establecer que en el mismo lugar que ya había sido allanado habían vuelto a operar las acusadas, y no se descarta que hayan más personas incriminadas en la comisión de estos hechos ilícitos.

Después de recabar las pruebas suficientes, los pesquisas solicitaron diversas órdenes de allanamiento que fueron concedidas por la jueza de Garantías, Lucrecia Bustos. En esa línea, este miércoles por la tarde irrumpieron a en los domicilios implicados.

Según pudo saber LA CAPITAL, el operativo se realizó en inmuebles de Benito Lynch, Matteotti y Talcahuano, a metros de dos establecimientos educativos como son la Escuela Educación Primaria Nº 35 “Perito Moreno” y la Escuela de Educación Secundaria Nº 47 “16 de Septiembre”. En dicha cuadra, conforme descubrieron los investigadores, funcionaban en el último tiempo cuatro lugares de venta de drogas al menudeo.

Con la colaboración de personal dependiente de la Jefatura Departamental de Seguridad General Pueyrredon, los policías entraron en forma sorpresiva y simultánea en dichas viviendas, y detuvieron a las dos principales acusadas, de 29 y 62 años.

En poder de las mujeres fueron hallados y secuestrados alrededor de 100 envoltorios con cocaína fraccionada y lista para su comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares -que ahora serán peritados- y un revólver calibre 32 corta.

De acuerdo a la información obtenida de las fuentes consultadas por este medio, se presume que la mayor, integrante del clan Amarilla, le proveía de la droga a la menor para su posterior venta, y que tenía antecedentes. Inclusive, había sido detenida en marzo pasado.

“Ella vendía en su casa, y tenía una o dos mujeres más, vecinas, que hacían lo mismo, pero las iba alternando y cambiando de los lugares de venta”, explicó un informante.

Luego del procedimiento, ambas acusadas fueron citadas a declarar en Tribunales y quedaron alojadas en el Destacamento Femenino. En ese marco, los fiscales las imputaron por el delito de “infracción a la Ley 23.737 por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. A la más joven, por su parte, se la acusó además en otra causa judicial caratulada “Tenencia de arma de fuego”.

La familia Amarilla está vinculada al mundo del delito. Incluso, una de las viviendas allanadas en marzo fue el escenario del crimen de Claudio Granadino en 2014, por el cual Roberto “Pepo” Amarilla recibió una condena a 11 años de prisión.

Otro caso de violencia fue protagonizado por el hermano de “Pepo” Amarilla, Adrián “Pirulo” Amarilla, en enero de 2022 cuando baleó a un hombre en el barrio Florencio Sánchez. Por este hecho “Pirulo” fue detenido en agosto pasado.

El lugar donde este miércoles fueron detenidas las dos acusadas es parte de una zona conflictiva en materia de narcomenudeo. De hecho, también en marzo último, a sólo 100 metros de sus inmuebles había sido detenida otra mujer que también se dedicaba a la venta de droga.

Se trata de Evangelina Soledad Maldonado (32), quien además había sido condenada en julio de 2021 en el fuero de la Justicia Federal a la pena de 6 años de prisión por el mismo delito.

El clan “Maldonado”, en tanto, era liderado por su madre Sandra “La Chupa” Maldonado. Como si fuera poco, durante el operativo en que Evangelina Soledad fue nuevamente detenida, se descubrió que no llevaba ningún dispositivo de monitoreo colocado pese a encontrarse cumpliendo la pena en arresto domiciliario.