Por Mario Villar

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El juicio para definir la compensación que Argentina deberá pagar a inversores que se vieron perjudicados por la expropiación de YPF en 2012 quedó visto para sentencia, después de que las dos partes defendieron durante tres días sus respectivas posturas ante un tribunal federal de Nueva York.

Tras escuchar a los representantes argentinos y a los de los demandantes, corresponderá a la jueza Loretta Preska tomar una decisión, pero se desconoce incluso el tiempo que se tomará para comunicarla, pues no dio la menor indicación.

En juego hay miles de millones de dólares, pues mientras que la acusación reclama hasta 16.000 millones (14.522 millones de euros), Argentina estima que -con base en un fallo anterior de la jueza- le correspondería abonar cerca de 5.000 millones, aunque el Gobierno ya adelantó que recurrirá cualquier decisión al respecto.

El caso se remonta a ocho años atrás y en él se dirimía la compensación que Argentina debe o no pagar a inversores de YPF, que argumentan que se vieron afectados cuando el Estado expropió a la española Repsol el 51 % de las acciones de la petrolera y no hizo una oferta pública por el resto de títulos.

En nombre de Argentina, el abogado Robert Giuffra subrayó en su alegato final que una compensación de 16.000 millones de dólares “haría daño a muchas personas” en el país, especialmente por la compleja situación económica que vive.

Giuffra cargó además contra los demandantes, calificando a Burford Capital -una firma que financia litigios y que impulsó el proceso- como “especuladores” que pagaron un dinero por hacerse con derechos en esta disputa y que ahora buscan ganar enormes beneficios.

El caso se inició en 2015, cuando Burford Capital demandó a Argentina tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades, que entraron en concurso judicial, antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen, conglomerado que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF en el momento de la nacionalización.

Al caso se sumó luego como demandante Eton Park, un fondo estadounidense que tenía el 2,9 % de YPF y que también selló un acuerdo con Burford.

Solo queda pendiente determinar el monto que Argentina pagará

El pasado marzo, Preska ya falló contra Argentina, pero dejó pendiente determinar el monto que debía pagar, una cifra que ha centrado ahora los tres días de discusiones de eminente carácter técnico en un tribunal federal de Manhattan.

Según la jueza, para determinar la cantidad es necesario precisar dos cosas: la fecha exacta en la que Argentina se hizo con el control de YPF y los intereses a pagar.

Argentina pidió a Preska que tome en cuenta la fecha del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor la ley que permitió la expropiación, y no el 16 de abril, cuando el Gobierno emitió un primer decreto y que es la fecha por la que abogan los demandantes.

La fecha es clave para el cálculo de la compensación y de ella dependen potencialmente hasta más de 3.000 millones de dólares.

En paralelo, la defensa de Argentina pidió a la jueza que no imponga el pago de intereses y que, si decide hacerlo, lo establezca como mucho en una banda de entre el 3 % y el 4 %

Del otro lado, el abogado Paul Clement, en nombre de los demandantes, solicitó un tipo de interés del 8 %, que de tenerse en cuenta junto a la fecha de referencia que piden los inversores, elevaría la compensación a más de 16.000 millones.

Aunque hubo en la sala dos altos funcionarios argentinos llegados de Buenos Aires siguiendo el juicio atentamente, no quisieron hacer ninguna declaración.

La conclusión del juicio se produjo en un día de buenas noticias para Argentina: el Fondo Monetario Internacional llegó a un acuerdo técnico con el país sobre la revisión de los objetivos y las metas del acuerdo de refinanciación de la deuda contraída en 2018 por este país con el organismo.

Con esta nueva revisión, que tendrá ahora que ser ratificada por el Directorio Ejecutivo del Fondo, Argentina recibirá un desembolso de 7.500 millones de dólares.

EFE.