por Maximiliano Abad (*)
Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio disminuyeron un 70% las denuncias de robos en el Conurbano. En la Ciudad de Buenos Aires, la cifra se redujo al 90%. Lamentablemente, a nadie sorprende que en el caso de la violencia de género la realidad sea totalmente distinta.
Son 36 los femicidios que se produjeron entre el 20 de marzo y el 30 de abril. Siguen una evolución similar a la del año pasado. ¿Las denuncias de las mujeres por violencia doméstica? Aumentaron cerca de un 40%. Las llamadas pidiendo ayuda, el doble. El colectivo LGTBIQ sufre también situaciones de violencia que aumentan durante la
emergencia.
Los dos primeros párrafos son suficientes para decirlo: la Provincia de Buenos Aires debe declarar la Emergencia en Violencia de Género. Urgente.
La ONU, en vistas de lo que viene sucediendo en Europa, donde la pandemia golpeó fuerte y los confinamientos dispuestos por las autoridades llevan varios días más que en nuestro país, ha tomado como prioridad la violencia de género y recomienda a los gobiernos que tomen cartas en el asunto.
Tantas horas en casa -en medio de una incertidumbre en la que, en mayor o menor medida, estamos inmersos todos- incrementa las tensiones previas, y miles de mujeres quedan expuestas ante el agresor, con la dificultad que implica pedir asistencia en estas circunstancias.
Necesitamos una campaña de concientización acorde a los tiempos que vivimos, que fomente la colaboración entre vecinos e insista en que no debe naturalizarse jamás ninguna actitud violenta.
El Gobierno debe adaptar establecimientos municipales, polideportivos y hoteles para alojar a las mujeres cuya seguridad peligra si permanecen en casa, especialmente en las zonas donde se concentran la mayoría de las denuncias. La Casa de Medio Camino es una herramienta muy importante, porque en caso de una emergencia -como la que estamos viviendo por el COVID-19- puede también servir de albergue.
Los policías que circulan en la vía pública, pero también las empresas que realizan entregas a domicilio, el correo, los comerciantes que abren sus puertas y las dotaciones mínimas de la administración pública, deben ser capacitados para que puedan reconocer repudiar, asistir o brindar un contacto especializado ante una situación de violencia.
No puede haber dilaciones de ningún tipo en la Justicia. Y allí donde los detalles del caso lo justifiquen, como el nivel de la agresión o la presencia de niños, que no queden dudas: quienes deben salir de la casa no son las víctimas sino el agresor.
Todo lo que sufren las mujeres en el ámbito del hogar, en el trabajo, en la calle o en el transporte público no es ninguna novedad. El coronavirus, y las políticas implementadas para impedir que se dispare incontrolablemente el número de contagios acentúa peligrosamente la vulnerabilidad de miles de ellas, como lo prueba el aumento de la violencia intrafamiliar.
Cuando pedimos una mirada global de la coyuntura nos referimos precisamente a esto. No es posible establecer una sucesión en la que primero se resuelvan los problemas de la salud, después los económicos y así indefinidamente. Es necesario que el gobierno nacional, provincial y también los gobiernos locales promuevan herramientas innovadoras de contacto para las personas que sufren violencia durante el aislamiento.
La violencia de género es una pandemia que convive entre nosotros hace demasiado tiempo. Mucho hicimos, pero aún queda muchísimo por hacer. Tenemos que actuar ya.
(*) Diputado Nacional por Juntos por el Cambio.