El Sindicato de Seguridad de la República Argentina (SI.SE.R.A.) se ha declarado en estado de alerta y planifica un plan de lucha que podría desembocar en medidas de fuerza si antes numerosas empresas del sector, en su mayoría de mediana o pequeña dimensión, no comienzan a respetar derechos básicos de los trabajadores representados por la organización..
El SI.SE.R.A., entidad gremial de primer grado surgida en la costa atlántica, reconocida por el ministerio de Trabajo y ya con actuación a nivel nacional, en estos días está haciendo llegar a las empresas de seguridad una nota con varios reclamos. La suscriben Walter Hernández, secretario general; Miguel Muñoz, secretario adjunto y Nicolás Oropel, secretario de la Juventud y delegado.
En dicho escrito, el sindicato que agrupa a vigiladores y custodios de caudales –no así a quienes prestan servicio en sitios de esparcimiento–, solicita, “previendo cualquier anomalía”, la liquidación en tiempo y forma de sueldos atrasados, horas nocturnas, horas extra ordinarias, trabajadas al 50 y el 100 por ciento, aguinaldo y vacaciones”.

“Una trampa bien armada”

La lista de incumplimientos, según denunciaron los citados dirigentes en visita a la redacción de LA CAPITAL, es “interminable”. Refirieron que no serían pocas las pequeñas y medianas empresas de seguridad que han adoptado la modalidad ilegal de tomar personas y deshacerse de ellas a los tres meses, es decir cuando termina el período de prueba, para luego tomar a otras y así repetir la maniobra una y otra vez. “De tal manera, con esta trampa bien armada, evitan tener gente con antigüedad, también suelen prescindir de compañeros cuando éstos están llegando al año o dos años de antigüedad”, señalaron.
Y abundaron en que las irregularidades recrudecieron en las últimas semanas, conformándose el fenómeno de que, globalmente, se está produciendo por día, según aseguraron, un promedio de 15 a 20 suspensiones u otras medidas lesivas contra los trabajadores, “infundadas y a la vez injustas con gente que cumple los reglamentos y se formó profesionalmente en los cursos obligatorios”. “Además es más grave aún –dijeron– porque sucede en una ciudad como Mar del Plata que aparece al tope del desempleo en el país”.
Señalaron luego otros abusos flagrantes: en esos casos se obliga a sus representados a realizar jornadas de 12 horas en vez de las 8 de ley, y sin reconocer horas extras, y a no tener francos hasta el extremo de otorgar sólo uno a lo largo de un mes. Además indicaron que varias empresas tampoco cumplirían con los cupos de discapacidad y funcionarían discriminando a las mujeres.
También comentaron: con el aguinaldo, y aún con los sueldos, las referidas empresas abusadoras cada vez recurren más a prácticas repudiables como las de pagar desdoblado o en cuotas o “a los premios”, cuando la ley es clara al indicar que el sueldo anual complementario “será abonado en dos cuotas, la primera de ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año”.

Convenio denunciado

Los dirigentes también aludieron a un marco legal difuso.
Precisamente el convenio colectivo del sector, que surgió en 2007, está denunciado por la entidad gremial desde 2008 como “discriminatorio y anticonstitucional” por contener artículos por debajo de los derechos (de base) establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo.
En la nota a las empresas, SI.SE.R.A. también demanda el aprovisionamiento de uniformes, indumentaria acorde a la tarea, y un bono de fin de año de $ 3.000.
Finalmente, los dirigentes sindicales volvieron a advertir que el plan de lucha está en desarrollo. Prevé por ahora esperar respuestas satisfactorias de parte de los empleadores, pero de no recibirlas las subsiguientes medidas de fuerza incluirán, además del cese de actividades, manifestaciones públicas de manera general o puntuales ante las firmas incumplidoras.