La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que “será revisado” el decreto que establece penas de hasta cuatro años de prisión para “funcionarios, empleados y terceros” que revelen información sobre las Declaraciones Juradas Patrimoniales de integrantes del gabinete gubernamental y de las fuerzas de seguridad.

Publicado hoy en el Boletín Oficial provincial, la disposición modifica el decreto Nº 116/16, que regula la obligación de funcionarios del Poder Ejecutivo, policías e integrantes del Servicio Penitenciario, entre otros, a presentar su declaración jurada patrimonial.

“Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal”, se estableció en el texto, aunque Vidal reconoció que la disposición “será revisada” si “alguna cuestión técnica generó dudas”.

La mandataria provincial, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que el acceso a la información patrimonial de ella y su gabinete “es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes”, y recordó que en el mes de marzo resolvió “que todos los funcionarios y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad presentaran sus Declaraciones Juradas públicamente”.

Por su parte, el secretario de Legal y Técnica provincial, Julio Conte Grand, explicó que “la gobernadora me ha dado la instrucción de elaborar un decreto para eliminar las referencias normativas, entre el día de hoy y mañana será resuelto, será una anécdota”.

En este sentido, el Gobierno provincial afirmó en un comunicado que “a raíz de las dudas generadas” se derogarán los artículos 1, 2 y 7 del decreto publicado, “para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público”.

“El decreto tal como está ahora no genera riesgo alguno al ejercicio de la prensa”, dijo el funcionario y aclaró que “hay dos dimensiones sobre la información patrimonial, una sintética, o resumida, que detalla todos los bienes que integran el patrimonio, esa es de libre acceso, hay otra más exhaustiva, de carácter de reservado por el secreto fiscal, con información confidencial sobre el lugar donde se encuentran los bienes, descripciones de cuentas, información financiera”.

La publicación del mencionado decreto se da en el marco de la polémica que generó, a nivel nacional, la inclusión de un artículo en la ley enviada en el Congreso para el pago de los juicios a jubilados, que dispone penas de prisión y multas económicas contra quienes divulguen información sobre el proceso de blanqueo de capitales propuesto por el Ejecutivo.

Puntualmente, por la incorporación en la redacción del artículo de la palabra “terceros”, que significaría un cercenamiento a la tarea del periodismo, aunque el propio presidente, Mauricio Macri, aseguró que se revisará el texto de la norma.

El artículo 157 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.