LA PLATA
Corresponsal

El gobierno provincial presentó ayer un plan de reformas al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que incluyen el desplazamiento de 132 agentes ?incluido el jefe del área, Fernando Díaz- y el envío de un proyecto de ley para modificar el Estatuto del Personal, vigente desde la última dictadura.
Tal como anunció LA CAPITAL en su edición de ayer, el gobierno de María Eugenia Vidal reemplazó al anterior jefe del SPB Fernando Díaz por el ex fiscal federal de La Pampa Juan José Baric ?actual subsecretario de Política Penitenciaria- y removió a los 5 directores y 5 subdirectores del área.
El desplazamiento forma parte de un plan mayor que incluye el desembarco total del Ministerio de Justicia bonaerense en el Servicio, que por 90 días evaluará a todos los agentes a cargo de alcaidías, unidades y complejos penitenciarios para, finalizado ese período, definir quiénes serán las autoridades.
Ayer se supo que, además de la cabeza del Servicio, también serán civiles quienes estén a cargo de la administración de los fondos.
En una conferencia de prensa en la gobernación, Vidal aseguró por la mañana que “hasta el 10 de diciembre del año pasado, las fuerzas de seguridad de la Provincia, entre las que incluyo al Servicio Penitenciario, se autogobernaban”.
La gobernadora consideró además que “había pactos de connivencia” con la política, y señaló que “esto se terminó”.
“Que no se malentienda esta reforma” -remarcó Vidal-; “no es un desplazamiento de cúpula, esto es mucho más profundo. Nosotros no creemos en las purgas”.
En la rueda de prensa, la Provincia presentó además un proyecto de ley para crear un nuevo Estatuto del Personal que, entre otras cuestiones, dividirá las áreas de Asistencia y Tratamiento de las tareas abocadas a la seguridad y apuntará a la capacitación profesional de los trabajadores del SPB.
El Servicio se encuentra en crisis desde hace décadas; uno de sus mayores problemas es la sobrepoblación, calculada oficialmente en 9 mil internos.

Reinserción social

Según se anunció, el segundo eje de la reforma será la reinserción social de los detenidos.
“El 43% de las personas que salen del Servicio Penitenciario vuelven a ingresar”, aseguró ayer el ministro de Justicia Gustavo Ferrari.
Y agregó que “para esto se han concentrado los esfuerzos en la posibilidad de generar un nuevo trabajo sobre la educación y el trabajo en cárceles”.
“La pena constitucional que existe para un detenido es la privación de la libertad, no se pueden agregar penas en el cuerpo”, destacó Ferrari.
Y aseguró que desde el gobierno trabajarán para que “la alimentación, la salud, el deporte y la posibilidad de trabajo y educación sea llevado adelante como un proceso ordenado, serio”.
En ese marco, se anunció la inauguración de nuevas panaderías en los penales de Batán, Olmos, Florencio Varela y Mercedes. Además se buscará fortalecer 5 Centros de Formación Profesional, uno de ellos ubicado en la Unidad 15 de Batán.
También se llevará adelante un plan de Auditorías de Control Integral de la Gestión que se concentrará, según se comunicó, en la provisión de alimentos y agua potable a los detenidos, cupos de combustible, limpieza, traslados y régimen de visitas.