La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, en el marco de la llegada de miles de intimaciones a los vecinos para que arreglen las veredas, había decidido presentar un proyecto de ordenanza para otorgarles a los vecinos frentistas un plazo de 90 días para arreglar sus veredas, en lugar de los 10 días que inicialmente otorga la comuna.

Si bien el texto no buscaba implementar ninguna ayuda monetaria a quienes debían hacer frente a los costos, la ampliación sí implicaba un alivio para el vecino y más tiempo para reunir el dinero necesario.

El texto señalaba que el pedido surgía “ante la dificultad económica que representa para muchos vecinos afrontar el costo de los trabajos y por añadidura una eventual multa”. En este sentido, para los defensores resultaba más “pertinente” unificar en todo el Partido de General Pueyrredon un plazo más extenso, de 90 días, durante el cual no será necesaria la intimación y no se dará intervención a la Justicia Municipal de Faltas”, señala el texto.

A un año de la presentación del proyecto y sin lugar a la solicitud realizada por la entidad, el defensor Fernando Rizzi señaló que, al momento de la elaboración de la propuesta, habían recibido en la dependencia “alrededor de diez reclamos puntuales de personas que han tenido dificultad con los plazos”.

A su vez, y en relación a los inconvenientes que hasta el día de hoy manejan en las oficinas de Belgrano al 2700, Rizzi señaló que hasta el día de hoy hay “un par de casos que no solo no les vienen bien los plazos, sino que no cuentan con el dinero para poder hacer la obra”. “Estos casos los tenemos con un pedido de expediente a Inspección General que todavía está pendiente”, agregó.

Desde el bloque de concejales de Unión Cívica Radical (UCR) también existió un proyecto para menguar el impacto en los bolsillo de los vecinos.

A través de un proyecto de comunicación redactado por Cristina Coria, el radicalismo compartió la inquietud de la gestión del intendente Carlos Arroyo por el pésimo estado en el que se encuentran muchas de las veredas de Mar del Plata, pero ante a la ola de quejas surgidas por el tenor de las intimaciones que están siendo remitidas a los contribuyentes, Coria objetaba que los arreglos deban ser efectuados en “plazos perentorios”.

Además, la concejal ponía en foco el nivel responsabilidad que el Gobierno tenía con sus propiedades: “En los edificios municipales y en otros que la comuna ocupa como inquilina o comodataria se observan aceras en iguales o peores condiciones de conservación y transitabilidad”, señaló.