El referente de la ONG Alameda, Gustavo Vera, denunció hoy penalmente a la diputada nacional Graciela Ocaña por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y negociaciones incompatibles, al tiempo que cuestionó el desempeño de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Consultados por Télam, el vocero de Ocaña desmintió los hechos denunciados por Vera y habló de una maniobra vinculada a Hugo Moyano, teniendo en cuenta que Ocaña viene denunciando a “las mafias sindicales”.

“Es llamativo tan brutal incremento (del patrimonio) ya que Graciela Ocaña, durante los últimos casi veinte años, el único trabajo que tuvo es en el Estado”, sostuvo Vera tras presentar hoy la denuncia penal patrocinado por el abogado Daniel Llermanos, el mismo que defiende a Hugo y Pablo Moyano.

El dirigente social remarcó que “Ocaña declara como terreno baldío una mansión valuada en casi un millón de dólares, en un country de General Rodríguez. Más precisamente, dijo ser propietaria de una parcela de 1.050 m2 en el barrio privado Terravista, valuado en $ 900.000,00”.

“Como titular de la Oficina Anticorrupción, no se qué revisa Laura Alonso”, dijo Vera al remarcar que la investigación que realizó su ONG se basó en la declaración jurada que Ocaña presentó en 2016.

El vocero de Ocaña explicó a Télam que el incremento en el patrimonio de la legisladora se debe “a la venta de un Peugeot 408 y una propiedad de 200 metros cuadrados ubicada en la localidad de Haedo chico”.
Vera justamente cuestiona que en la declaración jurada de 2016 estos dos bienes figuran con un valor de un centavo de peso.

“Ese es el valor que pone la AFIP de manera automática, no sólo a Ocaña sino a cualquiera que vende un auto o una propiedad”, explicaron.

“No es algo que puede poner la persona o un contador que sea piola, es la forma en que la AFIP da cuenta de que ya no es de tu propiedad ese bien, como no puede poner cero pesos se pone un centavo”, explicaron desde el entorno de Ocaña.

Con respecto al terreno baldío del que la legisladora da cuenta en su declaración jurada de 2016, desde su oficina explicaron que “en el 2016 se trataba de un terreno baldío en el que Ocaña construyó su casa durante el 2017, para lo cuál contrató a la empresa constructora Area Tres S.A.”.

“Esa es toda la vinculación que Graciela tuvo con esa empresa constructora. Se puede decir que fue una clienta de la firma, ya que le construyeron su casa, pero no entendemos de dónde deduce Vera que Ocaña tenga otro tipo de vinculación con ellos, tal como pone en tela de juicio en la presentación que hizo hoy”, detallaron.

Vera vincula además a la fundación “Confianza Pública”, que lidera Ocaña, con diez empresas de variados rubros basándose en que éstas tienen establecidos sus domicilios en los mismos lugares que la fundación.

“La Fundación alquiló en distintos tiempos oficinas en esos cuatro lugares: Azucena Villaflor 350, Azcuenaga 1077, Tacuarí 143 y Tucumán 862 donde actualmente funciona”, aseguraron en el entorno de Ocaña.

“Eso es lo único coincidente con lo denunciado, porque una vez que un inquilino termina el contrato, que es lo que pasó con la Fundación, no entendemos porqué tendríamos que saber quiénes son las empresas que actualmente o después de nosotras las alquilaron”, confió a Télam el vocero de la diputada.

En el escrito se dice que en Azucena Villaflor 350 está el edificio Madero Center, de Puerto Madero, donde funcionaba la financiera “La Rosadita”.

Con respecto a ésto, fuentes cercanas a la diputada remarcaron que “la conocida Rosadita está ubicada en la calle Pierina Dealessi 510, y no en Villaflor 350”.
La denuncia contra Ocaña que realizó Vera, conocido por su amistad con el papa Francisco, quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello.