por Jorge Raventos

La reacción de la política argentina ante lo que ocurre en Venezuela ha puesto en escena una vez más denominadores comunes entre el oficialismo y la oposición no kirchnerista.

Mientras los seguidores de la señora de Kirchner se lanzaron a definir el vasto movimiento popular de rechazo al régimen de Nicolás Maduro como un “golpe de estado” o una “maniobra imperialista”, el gobierno y los principales precandidatos del peronismo alternativo destacaron que las movilizaciones fueron disparadas por el proceso de descomposición del régimen chavista residual que encabeza Maduro. Esa descomposición ya había determinado un proceso de emigración masiva inédito en la región, con millones de venezolanos dejando su país por todos los medios posibles.

El Gobierno nacional y el opositor gobernador Juan Manuel Urtubey proclamaron su reconocimiento al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gaidó, como mandatario legítimo. Similar actitud a la que adoptaron la Organización de Estados Americanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los candidatos del peronismo alternativo Sergio Massa y Miguel Pichetto repudiaron el régimen que encabeza Maduro.

El gobierno de Mauricio Macri coordinó su postura con Brasil, Colombia, Chile y Ecuador (entre otros países) y actuó en el marco del consenso regional mayoritario del llamado Grupo de Lima al que no se sumaron, sin embargo, ni México ni Uruguay.

Convendría no simplificar colocando por esa reticencia a los gobiernos de Tabaré Vásquez o Andrés Manuel López Obrador en la misma bolsa que, por caso, el régimen tiránico que encabeza en Nicaragua Daniel Ortega, que expresa sin ambages su respaldo a Maduro.

Los casos de Uruguay y México

El gobierno uruguayo y el mexicano son producto de procesos democráticos y, más allá de sus eventuales afinidades ideológicas con actuales o pretéritas invocaciones del chavismo, parecen movidos por la prevención frente al activo rol de la diplomacia estadounidense en esta etapa del conflicto así como por su temor de que la dualidad de poder que se manifiesta en Venezuela desate procesos violentos incontrolables. Ambos gobiernos han invocado el clásico principio diplomático de la no injerencia en asuntos internos de otros países, aunque en rigor parecen reservarse para jugar un papel moderador o facilitador en eventuales negociaciones destinadas a imponer pacificación y una salida ordenada del régimen de Maduro.

De hecho, una actitud parecida prevaleció en la Unión Europea, que ha demorado una definición sobre las autoridades venezolanas y terminó decidiendo por mayoría (expuesta por España, Francia y Alemania) un reconocimiento, con el plazo fijo de ocho días, a la presidencia de Maduro, a la que se emplaza a convocar a elecciones limpias, justas y representativas. Solo si esa condición no se cumpliera reconocerían como legítima la “presidencia a cargo” de Gaidó, han declarado los líderes europeos.

Un periodismo a veces más enfervorizado que objetivo reclamó “posiciones democráticas más jugadas” a mexicanos y uruguayos, omitió señalar el crédito relativo que los líderes europeos otorgaron a Maduro y hasta machacó con la idea de que el papa Francisco mantenía “tibieza” o “indefinición” sobre el caso venezolano, sin diferenciar el rol del Pontífice como cabeza de una Iglesia que se ha expresado muy duramente contra el régimen de Maduro a través de la Conferencia episcopal venezolana, y el que ostenta como jefe de Estado del Vaticano (desde el cual preserva las condiciones para eventualmente jugar un papel moderador y contener la tentación de la violencia que genera la disolución del Estado en aquel país).

La dualidad de poder

Las grandes manifestaciones de protesta ocurridas en Caracas y otras grandes ciudades de Venezuela tuvieron una naturaleza distinta a anteriores movilizaciones: esta vez sumaron numerosos contingentes de pobladores de barriadas que tradicionalmente constituyeron baluartes del régimen chavista.

La pavorosa crisis económica ha dinamitado esa base y ha impulsado a las corrientes políticas opositoras a dar un paso audaz: establecer un núcleo de poder -con un presidente “a cargo”- que desafía abiertamente la autoridad de Maduro, elegido en comicios presidenciales controvertidos e internacionalmente devaluados en su legitimidad.

En rigor, el Estado venezolano se está desarticulando. Tanto el poder de uno como el del otro presidente son relativos. Gaidó, por el momento, no manda nada, aunque cuenta con reconocimiento regional. En cualquier caso, su pedido de que los países que lo respaldan no cierren sus embajadas ha determinado al menos que Estados Unidos pueda apelar a argumentos legítimos e invocar su autoridad como “presidente a cargo” para ignorar la ruptura de relaciones diplomáticas decretada por Maduro así como desobedecer la orden de éste de que sus diplomáticos abandonen Venezuela antes del lunes 28.

Maduro y las fuerzas armadas

Se verá que hace Maduro con este desafío del Departamento de Estado. Pero ya está a la vista de todos que él no cuenta ahora con mando efectivo sobre las fuerzas armadas. Si lo tuviera, si tuviera seguridad sobre ellas, ya habría reaccionado frente a los retos que le lanza Gaidó y habría tratado de cortar de un tajo la dualidad presidencial. En cambio, lo que hace desde el primer momento es invocar (y reclamar) la “obediencia y fidelidad” de los militares, conducta que sugiere antes duda que seguridad. Ha conseguido esa promesa de los más altos mandos, sospechados de asociación con las corruptelas del poder.

La presencia de la gente en las calles es un argumento de peso en favor de Gaidó. El no puede ordenar qué hacer, pero puede por ahora determinar que algunas cosas no se pueden. Los mandos superiores de las fuerzas armadas quizás sean fieles a Maduro por conveniencia inmediata pero una prolongación de la crisis erosionará sin duda la disciplina de las fuerzas y, con ella, la plataforma de sustentación del régimen.

Gaidó ha tenido la inteligencia de prometer comprensión y perdón a aquellos militares que contribuyan a recuperar el pleno ejercicio constitucional. Ha dicho inclusive que podría considerar una amnistía para Maudro. Esa promesa es un estímulo, aunque quizás no suficiente: en tiempos de globalización, el perdón que algunos militares y políticos venezolanos requieren excede las atribuciones actuales de un presidente sin mando.

Una salida de baja violencia a la crisis venezolana seguramente necesitará más jugadores, una mesa en la que participen actores con poder y con prestigio aceptado por las partes involucrados para dar garantías. Quizás de una negociación de ese tipo pueda derivarse una salida que implique, como pidió el Presidente argentino, “restablecimiento de la democracia a través de elecciones libres y transparentes, con plena vigencia de la Constitución y la participación de líderes de la oposición” (habrá que ver qué fuerza es “la oposición” en ese momento). Es muy probable que una negociación así ya esté en marcha.

Si el centro del espectro político argentino (oficialistas y opositores) parece dispuesto a mirar los acontecimientos venezolanos con templanza y moderación, los extremos ideológicos están, en cambio, crispados. Para el kirchnerismo y sectores de la izquierda el derrumbe del régimen chavista (o su deconstrucción paulatina como fruto de una negociación) es una catástrofe que “hace el juego al imperialismo”, en el otro extremo hay un ideologismo “democrático” que predica la erradicación completa y rápida del chavismo sin reparar en costos y consecuencias y que está predispuesto a considerar impura cualquier negociación que no conduzca a aquel resultado.

Hace un tiempo solía usarse al régimen de Maduro como argumento en la discusión con el kirchnerismo que, según pretendía cierta propaganda, llevaba a la Argentina a convertirse en Venezuela. Valdría la pena mirar hoy algunos de los escenarios que se le presentan a ese país para imaginar adónde conduce la profundización de las grietas.

Extinción de dominio: fines y medios

La realidad les ha ofrecido a gobierno y fuerzas de la oposición dos puntos interesantes para exhibir distancias y proximidades: uno, como se ha visto, es la crisis terminal venezolana; otro, las disposiciones sobre extinción de dominio de bienes malhabidos..

El Poder Ejecutivo decidió imponer por decreto de necesidad y urgencia una iniciativa que impulsó ya cinco años atrás el renovador peronista Sergio Massa. En junio de 2014, Massa anunciaba su propuesta de “extinción de dominio para activos del narcotráfico y la corrupción”, argumentando que “la impunidad se va a terminar el día que persigamos la plata y los bienes de los que se hicieron ricos con la droga y la corrupción”. La iniciativa extendía la persecución a los activos heredados por familiares de los condenados y los que se encuentren fuera del país. Lo que sucede hoy es que en el mejor de los casos los delincuentes pasan un tiempito en la cárcel, pero se quedan con la plata”. Los argumentos de Massa eran similares a los que empleó ahora el oficialismo para justificar el decreto presidencial. La única diferencia es el formato legal: aquél era un proyecto de ley, mientras el Ejecutivo prefirió la vía del decreto.

No se trata, claro, de una diferencia menor: la mayoría de los juristas independientes (respaldando el objetivo de que el Estado alcance el control de los bienes malhabidos) consideran que el camino elegido por la Casa Rosada es inconstitucional. Apuntan a varios flancos. Primero, alegan que no se sostiene la apelación a la urgencia del DNU cuando hay en trámite un proyecto de ley que ya fue tratado por ambas Cámaras y sólo requiere una decisión final de Diputados (es cierto que los desacuerdos han postergado la sanción); en segundo término, cuestionan que -contra lo que prescribe la Constitución- se pretenda legislar por decreto sobre una materia penal. Se señala que el Ejecutivo usurpa funciones del Congreso y se advierte que la disposición estatal sobre bienes de personas sin condena firme es un avance sobre derechos individuales y un riesgo de futuros juicios indemnizatorios contra el Estado.

Sin minimizar ese debate (que encierra, en los hechos, la posibilidad de que, a causa de fallas jurídicas, pierda sustentabilidad una norma de gran trascendencia), vale la pena subrayar las coincidencias argumentales entre el oficialismo y un amplio sector de la oposición (el kirchnerismo es la mosca blanca), una señal clara de que hay base política para alcanzar acuerdos (y, contrario sensu, que si esos acuerdos no se concretan la explicación sólo puede atribuirse a motivos facciosos).

Con su DNU el Ejecutivo puso al Congreso (y a la Justicia) ante el desafío de desautorizar por la forma (que en materia jurídica no es un adorno intrascendente) un contenido normativo sobre el que existen coincidencias sustanciales. Una hábil jugada de marketing político destinada a recuperar la iniciativa en tiempos económicos de vacas flacas, introduce una tensión estéril en el campo de las coincidencias posibles y hasta puede derivar (si el decreto termina rechazado) en una corrosión innecesaria de la gobernabilidad. ¿Por qué apostar a la polarización y la grieta?