Cuando el Poder Ejecutivo de un Estado constitucional se transforma en un autoritarismo por consenso donde los derechos humanos, las garantías de los ciudadanos y la separación de poderes agrietan las instituciones de un Estado derecho, estamos ante la presencia de una “Democracia Iliberal”. La República Bolivariana de Venezuela se encuentra en la fase agónica de la independencia de los poderes.

La anulación de las competencias de la Asamblea Nacional, el traspaso de sus funciones al Tribunal Supremo de Justicia y la asunción de poderes extraordinarios por parte del presidente Nicolás Maduro, no dejan lugar para análisis con matices. Si bien el TSJ realizó una intromisión sistemática a la Asamblea Nacional, anulándola, para estas horas ha dado diferentes pasos de cangrejo dejando entrever que la incursión “de hecho” y el desacato fue el vil desacierto con gravosas consecuencias para la vida democrática en Venezuela.

¿Gobernar sin oposición?

El presidente de la República de Venezuela de corte federal y constitucional Nicolás Maduro y Tareck el Aissami (vicepresidente) como también Diosdado Cabello (diputado y líder del ala militar del chavismo) y Vladimir Padrino López (Ministro de defensa venezolano) han perpetuado la idea de confabulaciones de golpe de Estado por parte de la oposición nucleada en la Asamblea Nacional y con la ayuda de la bruma imperial de los EEUU. Desde la desaparición física de Hugo Chávez, Maduro ha gobernado tomado del timón de la idea del eterno complot vivado por el apoyo incondicional de aquellos que han abrazado la posibilidad de renacimiento de una Nueva Venezuela a través del Socialismo del S. XXI.

La ausencia del compromiso democrático ha mostrado sus garras sobre un pueblo que sufre las condiciones más extremas en pleno S. XXI en un contexto regional donde la sola mención del golpe de Estado genera el estallido de la ira y del llanto. Venezuela de manos de quien la preside arremete con fuerza de puñetazo golpeando la matriz democrática que le ha dado el sostén a las continuas y descabelladas decisiones. No hay matices para condenar el ataque a una de las instituciones democráticas de Venezuela.

La Asamblea Nacional condensaba un porcentaje del equilibrio de poder político en la República Bolivariana en manos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pero gobernar sin oposición es preferible para el presidente porque observa en lontananza que deberá enfrentarse tarde o temprano a turbulencias políticas que afectarían el legado preciado dejado por H. Chavez. Por la salud de un Estado que se precie de democrático no debería gobernar sin oposición. El concepto de “democracia iliberal” es justamente la antítesis de un sistema político que goza de buena salud respetando la libertad de expresión y el voto popular.

A paso de cangrejo

La condena internacional es lo que preocupa. El Tribunal Supremo de Justicia comenzó una peregrinación lenta pero contundente hacia atrás. La fiscal general Luisa Ortega citada reiteradas veces en el año 2016 ante organismos internacionales para responder por la delicada situación que atraviesan presos políticos con respecto a los derechos humanos, se ha manifestado disidente en las últimas horas al condenar la incursión del Poder Ejecutivo y del Tribunal Supremo de Justicia sentenciándolos por la expropiación de las funciones de la Asamblea Nacional y reconociendo que se han violado las normas que regulan el orden constitucional.

El TSJ ha decidido revisar las decisiones emitidas contra el parlamento y el retiro de la inmunidad de sus miembros. ¿Es posible que estemos viviendo esta situación en una región desangrada por los golpes de estados? El Poder Ejecutivo liderado por Nicolás Maduro conjuntamente con la institución que imparte justicia el TSJ, pretendía dejar sin protección legal a los legisladores luego de anular la Asamblea Nacional lo que hubiese posiblemente permitido el encarcelamiento de los opositores y gobernar “para el pueblo pero sin el pueblo”.

Para estas horas escasos aliados comparten tamaña atrocidad moral. No debe el sentido común quedar sumergido por la torpeza fundamentalista, la sensatez se esfuma y cada vez es más profunda la grieta. Defender al pueblo venezolano no es sinónimo de proteger con fundamentaciones apodícticas el poder autocrático de un mandatario; corresponderse con los ideales del Socialismo del S. XXI no es plausible de aceptar la fatalidad que atraviesan los más desprotegidos: los infantes por la falta de alimentos que costará generaciones para revertir daños irrecuperables en el crecimiento y el desarrollo cognitivo; abrazar el ideal originario del chavismo no puede significar perder la capacidad para discernir lo bueno de lo malo.

El filósofo inglés T. Hobbes en su obra el Leviatán expresaba “El único modo de erigir un poder común capaz de defenderlos de la invasión extranjera y las injurias de unos a otros es conferir todo su poder y fuerza a un hombre (…) a una voluntad. […]” quizás el presidente de Venezuela se haya apartado de las cotidianas lecturas de “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano o ¿Qué clase de criatura somos? De Noam Choamsky y haya preferido virar hacia el S. XVII donde los que lideraban el poder político abrazaban la idea que “todo hombre es enemigo de todo hombre”.