Por Ramiro Melucci

Al menos dos situaciones que comenzaron a verse en los últimos días exhiben la decisión del intendente de mostrar una respuesta ante los reclamos de mayor seguridad. Una es la sucesión de posteos en redes sociales del propio intendente. Otra es la mayor intervención del municipio en la comunicación de hechos resueltos, antes propiedad exclusiva de la policía.

La nueva modalidad empezó a verificarse después de una serie de planteos vecinales. El más conocido es el que un grupo de vecinalistas llevaron al Concejo Deliberante para que se declare la emergencia en seguridad. También hubo una explosiva carta de comerciantes y empleados de comercio del centro, que apuntó sin distinciones al intendente y al gobernador.

Guillermo Montenegro padece en el asunto una dificultad que no tiene en otros: no puede repartir culpas porque desde el primer día trabaja en conjunto con la Provincia en materia de seguridad. No cambió la estrategia ni cuando su amigo Sergio Berni dejó de ser el ministro bonaerense del área. Tampoco puede gritar por más gendarmes al Gobierno nacional, como hizo durante todo el gobierno de Alberto Fernández: en el Ministerio de Seguridad está su colega partidaria Patricia Bullrich, que le prometió en campaña más agentes pero después no se los dio.

El intendente se esfuerza por mantener una buena relación con la administración de Javier Milei. El anunciado cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) podría haber sido en otro momento motivo de un reclamo firme del municipio, que tiene obras paralizadas por la falta de envío de fondos de ese organismo. El presidente de Obras Sanitarias, Carlos Katz, se animó a subir unos decibeles el tono para pedirle al Gobierno que los contratos firmados se respeten, más allá de dónde queden las misiones y funciones de ese organismo en vías de extinción. A las pocas horas le estamparon por encima de sus palabras un comunicado de la empresa que preside, en la que se percibía el trazo del discurso oficial: aseguraba que lo principal es que ya se están buscando otras fuentes de financiamiento para las obras neutralizadas. 

El jefe comunal se siente más cómodo en la confrontación con la Provincia. La semana pasada presentó la demanda judicial para que la administración de Axel Kicillof acepte el pago de $ 14 millones por la deuda que mantiene la Administración Punta Mogotes con el Estado bonaerense. Allí objetó los argumentos que, tanto en cartas documento como en notas periodísticas, ofreció la Provincia para que el municipio no pague la deuda de un ente en el que solo tiene una porción societaria del 30%. Planteó que la comuna está legitimada para hacerlo. Y agregó que “es evidente que lo único que pretende la Provincia” es que el Gobierno municipal “se vea impedido de recuperar para todos los marplatenses la gestión de una fracción de su territorio, mutilando la planificación urbana”.

La cuestión no tiene miras de resolverse de un momento a otro. Menos si la Provincia considera, como dijo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que la municipalización recién debería proponerse en 2026, cuando venzan los últimos contratos con los balnearios. Un aspecto que también rechazó el intendente en su presentación judicial.

Carlos Katz se animó a subir unos decibeles el tono para pedirle al Gobierno que los contratos firmados se respeten. A las pocas horas le estamparon por encima de sus palabras un comunicado en el que se percibía el trazo del discurso oficial.  

Tampoco se resolverá de un día para el otro la licitación del estadio José María Minella y el Polideportivo, que Montenegro, acaso para seguirla más de cerca, dejará en manos de la Dirección General de Contrataciones y no del Ente Municipal de Deportes (Emder). Antes está el trámite legislativo del pliego licitatorio. Comenzó a tratarse en la comisión de Deportes, donde el oficialismo aceptó el pedido de la oposición de convocar al próximo encuentro al secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, y al presidente del Emder, Sebastián D’Andrea.

La oposición evitó los cuestionamientos. Se limitó a decir que tiene dudas y pidió tiempo para tratar el expediente. Advierte que carece de margen para la crítica desmedida y el rechazo precipitado.

Martinelli también será protagonista en otro expediente. La comisión de Salud le pidió opinión sobre la declaración de emergencia alimentaria que pretende la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, que integra la Iglesia. Sólo a él: a sugerencia del oficialismo, que tiene mayoría, no involucró en la definición a la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola. Pesará entonces la postura económico financiera por sobre la visión social. “Si no hay plata, la emergencia no sirve”, resumió con crudeza un edil oficialista. Mientras, el Gobierno municipal está en la búsqueda de una alternativa que no implique la declaración de emergencia. Lo insinuó el radical Gustavo Pujato cuando reveló en la comisión que el municipio está en conversaciones con el Obispado.

Pero la semana estuvo marcada por la reafirmación del veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Volvieron a quedar a la vista, como era esperable, las diferencias entre los principales socios del interbloque oficialista. Los concejales del PRO decidieron no concurrir a la jornada de trabajo sobre la situación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Para no escuchar la ráfaga de cuestionamientos al veto presidencial y a la decisión de los diputados que lo blindaron, tampoco acudieron los de La Libertad Avanza (que no forman parte del interbloque). Hasta ahí nada novedoso. Lo que sorprendió fue que tampoco dijo presente la bancada de la Coalición Cívica, cuando su bloque de diputados nacionales se pronunció contra el veto.

Los radicales quedaron el jueves sin compañía del resto del oficialismo local en la jornada de trabajo sobre la situación de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El radicalismo quedó solo en el recinto junto a toda la oposición y la comunidad universitaria. Fue la primera foto que reflejó las fragmentaciones del oficialismo por las tensiones nacionales. Es probable que no sea la última.

La UCR venía de días intensos por una interna partidaria que, en el plano provincial, implicó el triunfo de Maximiliano Abad frente a Facundo Manes y Martín Lousteau (a través de su candidato, Miguel Fernández), pero quedó envuelta en acusaciones cruzadas que destiñeron la mentada institucionalidad radical. En Mar del Plata, las internas ratificaron el predicamento de Abad en el comité local, mediante la elección de Gustavo Serebrinsky. De paso, el senador recuperó con Gonzalo Salord la conducción de la Juventud Radical marplatense. “Queremos que el próximo intendente sea radical y vamos a trabajar para que eso suceda”, lanzó Serebrinsky en el entusiasmo de los festejos, con la mira puesta en 2027.

En el peronismo el tablero se modificó con la irrupción de Cristina Kirchner como candidata al PJ. En territorio bonaerense se confirma que La Cámpora no quiere componer una canción nueva (como le reclamó en su momento Kicillof), y en Mar del Plata los acordes de la interna volvieron a situar en senderos distintos a Fernanda Raverta y Gustavo Pulti. Una, embanderada con las consignas de la expresidenta. El otro, organizando actos para el gobernador. El final del camino es imposible de predecir. Pueden volver a confluir en algún recodo. O no.