La ministra de Economía y Finanzas de Uruguay, Azucena Arbeleche, advirtió que el plebiscito de reforma de la seguridad social que propone eliminar el sistema previsional privado, implica una “confiscación” de los ahorros previsionales.

“Con la propuesta del plebiscito de seguridad social, no puedo dejar de mencionar que sería una marcha atrás en lo que es el respeto a las reglas de juego”, advirtió la funcionaria en una presentación sobre los resultados de la gestión en zonas francas.

“Estamos hablando de una confiscación y de un cambio abrupto en las reglas de juego”, sostuvo.

La propuesta constitucional, impulsada por la central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y parte del opositor Frente Amplio (FA), además de eliminar el ahorro previsional privado, desanda la reciente reforma jubilatoria del presidente Luis Lacalle Pou que llevó de 60 a 65 años la edad mínima de jubilación.

El texto, que debe recibir más de la mitad de los votos válidos para ser incorporado a la Constitución en el plebiscito que se realizará simultáneamente con las elecciones nacionales del 27 de octubre próximo, también iguala el monto de la jubilación mínima con el del salario mínimo nacional.

Lacalle Pou, que concluye su mandato el 1 de marzo de 2025, instó la semana pasada a no votar el plebiscito porque el texto propuesto para ser incorporado a la Constitución “es peligroso y dañino” y “hace el sistema insostenible”.

Los cuatro candidatos a la presidencia de Uruguay que integran la gobernante Coalición Republicana firmaron en julio pasado una declaración contra el plebiscito de la seguridad social.

En tanto, el presidenciable del opositor FA, Yamandú Orsi, que cuestiona la reforma jubilatoria del Gobierno, ha rechazado la propuesta de reforma de la Constitución, aunque sectores del Frente la impulsan amparándose en la libertad de acción que fijó el partido.

Según una encuesta difundida el martes por Equipos Consultores, el 31 por ciento de los uruguayos votaría a favor de la reforma del PIT-CNT, un 30 por ciento no sabe o no contesta y un 39 por ciento lo haría en contra.