El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, firmó hoy un decreto por el cual adhiere al protocolo nacional sobre aborto no punible, y de esta manera habilitó la interrupción del embarazo de una nena de 10 años abusada por su padrastro, cuyo caso generó una polémica y el rechazo de las actrices que participan de la campaña por la legalización.

De todos modos, el decreto de Urtubey llega después de que la nena y su mamá ya habían anticipado su decisión de seguir adelante con el embarazo.

Urtubey comunicó la medida en su cuenta de Twitter y así Salta terminó adhiriendo a un protocolo elaborado en 2015 de acuerdo a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2012.

El protocolo que hasta ahora regía en Salta había sido una consecuencia de un fallo de la Corte Suprema de la Nación, el de 2012, que buscó terminar con la judicialización de los casos de aborto no punible.

Sin embargo, ese protocolo fijaba un tope de 12 semanas para acceder al procedimiento. Esa fue la razón por la cual a la nena no se le practicó el aborto, ya que su embarazo estaba en la semana 19.

Actrices de la campaña por el aborto legal y la Fundación Huésped son algunos de los que comenzaron a manifestar su indignación en las redes sociales por el caso.

La Fundación Huésped escribió en su cuenta “mientras se discute el #AbortoLegal se le niega la interrupción de su embarazo a una nena de 10 años violada por su padrastro.”

“¿¡En serio?!, ¿una nena de 10 años violada por su padrastro tiene que ser madre? ¡La re concha de la lora! ¡Esto no puede pasar! “, se indignó la actriz Griselda Siciliani, quien junto a Carla Peterson y Verónica Llinás fueron de las primeras en exponer a favor del aborto legal en la Cámara de Diputados.

Peterson eligió retuitear el mensaje de Siciliani, mientras que Dolores Fonzi reclamó que “Salta no es la única provincia donde pisotean los derechos legislados hace tiempo”. Y agregó un video explicativo donde cuenta “cuáles son actualmente nuestros derechos y obligaciones de los profesionales de la salud y de todo el sistema de salud a la hora de acceder a una interrupción legal del embarazo.”

“Charlo con la radio salteña: Me cuentan el caso de la nena embarazada de su padrastro violador y que en Salta 8 de cada 10 embarazos son chicas de 15 a 19 años. Una provincia sin Educación Sexual donde el gobernador decreta que aborto por violación sólo hasta las 12 semanas. ¿Qué pasa en Salta?”, publicó hoy la actriz Stuart en su cuenta de Twitter.

A través del decreto 584/18, el gobierno de Salta adhirió hoy al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme al fallo de la Corte Suprema.

“El Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015”, manifestó el gobernador salteño.
Urtubey agregó que la decisión se tomó “frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo”.

En la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad.

La nena había concurrido al hospital a causa de unos fuertes dolores de estómago. Fue entonces cuando los médicos le informaron a ella y su mamá que estaba embarazada.

Luego, la niña y la madre decidieron, de manera conjunta, seguir adelante con el embarazo, por lo que firmaron un acta ante una Asesora de Menores.

Consultado por Télam, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que “el protocolo anterior que tenía la provincia era totalmente incompatible con lo establecido por el Código Penal, se lo podría haber acusado de sedicioso”. Y precisó que el protocolo elaborado por el Ministerio de Salud “no establece nada con respecto a la cantidad de semanas en que una mujer puede acceder a un aborto no punible. La Corte ya dijo que es un derecho legal”.

El directorio del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres había solicitado al Ejecutivo de la provincia la derogación del protocolo, resuelto por el gobernadoren 2012.

Salta era una de las siete provincias que habían incluido en sus protocolos requisitos extras para poder acceder a un aborto no punible. De los 24 distritos, sólo nueve habían adherido hasta ahora al Protocolo nacional, de acuerdo a un informe elaborado por la Fundación Huésped y Aministía Internacional.