Después de que el gobierno entrante denunciara que el intendente Carlos Arroyo está “incumpliendo” la ley de responsabilidad fiscal, que impide nombramientos en los últimos seis meses de gestión, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana presentó un pedido para que se informen los movimientos en la planta del municipio y solicitar que “cesen” los nombramientos.

El proyecto, impulsado por Balut Tarifa Arenas y respaldado por el resto de la bancada, busca que el Concejo Deliberante le solicite al Departamento Ejecutivo que informe si en el último semestre hubo nombramientos o contrataciones de personal en la planta política o permanente de la comuna, ya sea en la administración central, los entes descentralizados u Obras Sanitarias.

Los concejales opositores quieren que se detalle el número total, la fecha del alta, la dependencia a la que fue asignado cada agente, el cargo y el fundamento de la designación. También que se especifique si el nombramiento fue por contratación directa o por proceso público selectivo.

Unidad Ciudadana le solicita además al Ejecutivo que “cese en el alta de nuevos agentes” o en la “modificación en la situación de agentes existentes, en planta permanente o política en cualquiera de sus dependencias, salvo aquellos casos urgentes y debidamente fundados o que se produzcan por procesos públicos de selección”.

Entre los argumentos, el proyecto menciona que “la racionalidad en la administración pública es una de las notas distintivas de la forma republicana de gobierno, distinguiéndose así de más autoritarias por responder las acciones de gobierno a criterios justificados”.

“Creemos que los nombramientos de personal deben siempre responder a una lógica racional, sopesando las necesidades del municipio y los recursos con los que cuenta, como así también las consecuencias a futuro (inmediato o mediato) de tal acción”, agrega.

Puntualiza que la Ley Provincial N° 13295 establece que “los municipios no tomarán medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente durante el último semestre del año de fin de mandato del Departamento Ejecutivo, exceptuando aquel cuya causa originante exista con anterioridad al período indicado y su cumplimiento sea obligatorio”.

La normativa marca además que durante ese plazo “no se podrá disponer a título gratuito u oneroso de activos fijos del municipio”. Se entiende por incremento del gasto corriente de carácter permanente “a aquel que se prolongue por más de seis meses y que no se encuentre fundado en situaciones de emergencia de tipo social y/o desastres naturales”.

En este marco, Unidad Ciudadana advierte que “el Ejecutivo Local debe abstenerse de todo acto que implique un incremento del gasto corriente, lo que incluye sin dudas los nombramientos y/o contrataciones de personal”.

Indica que “es de lo más lógico –y compatible con una interpretación leal del espíritu democrático y republicano– pensar que una administración saliente no debe proceder a lastrar a una entrante con decisiones permanentes que impacten en la economía de esta última y su posibilidad de autodeterminación”.

Con el objetivo de que el proyecto se apruebe, recuerda que el Concejo Deliberante “es un órgano de contralor ciudadano” y constituye un “contrapeso natural de las decisiones del Ejecutivo en cuanto a control de legalidad”.“Por último, creemos que es sano desde lo ético y obligatorio desde lo legal que el Ejecutivo cese en todo nombramiento y/o contratación hasta que finalice el mandato actual”.