Unicef advirtió que bajar la edad de punibilidad de los menores podría ser interpretado como “una medida regresiva” y pidió que una reforma legislativa al respecto esté acompañada de una “fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y la adolescencia”.

Así lo señaló la organización en un documento titulado “Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil”, difundido en las últimas horas, ante el proyecto del gobierno nacional de crear un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años y crea un sistema socioeducativo para contener a los menores, entre otras cuestiones.

“Es clave que una reforma legislativa esté acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia. La intervención desde el Sistema Penal Juvenil no puede ser utilizada como una respuesta tardía del Estado por fallas u omisiones de intervención previas desde el Sistema de Protección de Derechos”, señalaron desde Unicef.

Asimismo consideraron que “es sumamente importante que Argentina tenga una Ley de Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares internacionales”, para lo cual “se requiere un sistema de justicia especializado con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley penal antes que la represión, y una estrategia orientada a la reinserción social que ofrezca a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas”.

“Los estándares internacionales para la justicia juvenil unánimemente consagran como objetivo principal la resocialización de los jóvenes y la no profundización de sus condiciones de vulnerabilidad”, advierten.

En cuanto a la edad de punibilidad, la organización señala que “es un elemento importante de la Ley de Justicia Penal Juvenil que tiene que ser tratado en conjunto con los otros aspectos de la ley y no de manera aislada”.

“En Argentina la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva. Es necesario encontrar un abordaje para la justicia juvenil que no afecte los derechos consagrados en los tratados internacionales que son parte de la Constitución Argentina”, agregan.

Por ultimo, consideran que “la privación de la libertad tiene que ser una medida de último recurso y por el menor tiempo posible” y que “la utilización de la privación de libertad como medida habitual no ha servido para reducir los índices de delincuencia ni para prevenir la reincidencia”.

“Existe un abanico amplio de sanciones y medidas no privativas de la libertad, previstas por la legislación internacional, que buscan promover la reinserción social –que se realizan en el entorno social y comunitario– como la obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima, la advertencia, la amonestación, la multa, la prestación de servicios a la comunidad o la libertad asistida, libertad vigilada, entre otras”, según proponen.

Esta semana, el Ministerio de Justicia publicó en Internet el anteproyecto del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, para recibir aportes de la sociedad civil.

“El anteproyecto hace foco en el cuidado de las víctimas, involucrándolas activamente, e introduce alternativas de inserción social para que esos jóvenes no vuelvan a cometer delitos”, señaló la cartera que conduce Germán Garavano en la introducción al texto.

También señala que se ordena en cuatro ejes fundamentales: 1) contar con una Justicia especializada, 2) abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa, 3) fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos, 4) procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas.