Después de 29 días sin prestar servicios –28 de retención de tareas y uno de paro–, los empleados municipales retomarán hoy sus tareas después de que el Ministerio de Trabajo de la provincia dictara ayer una nueva conciliación obligatoria en el conflicto entre el sindicato que los nuclea (STM) y el Ejecutivo local.

La medida, que regirá por 15 días hábiles, fue anunciada por la cartera que conduce Marcelo Villegas cuando en la sede local del Ministerio estaban reunidos los representantes gremiales y autoridades municipales. A la salida del encuentro, que tuvo lugar en horas de la mañana, el secretario general del STM, Antonio Gilardi, anunció que el gremio acatará la medida y hoy se reanudarán las actividades.

El dirigente no dejó dudas sobre los pasos a seguir por el sindicato, pese a que un día antes había cuestionado el pedido del Ejecutivo para volver a la conciliación obligatoria: “La vamos a acatar. Nos opusimos a la presentación del Ejecutivo, pero la autoridad es el Ministerio de Trabajo”.

Por la falta de acuerdo salarial entre las partes, entre noviembre y principios de diciembre ya había regido una conciliación obligatoria, que se prorrogó hasta el 10 de diciembre. Al día siguiente se iniciaron las medidas que paralizaron la ciudad en plena temporada.

En su disposición, el Ministerio calificó la situación como un “conflicto colectivo de trabajo” e intimó a las partes a retrotraer las medidas que se tomaron. Concretamente, determinó la “suspensión inmediata de las medidas de acción directa” y solicitó “abstenerse” de dictar cualquier otra que implique una modificación directa o indirecta de las relaciones de empleo y de la prestación de los servicios. A su vez, el organismo exhortó a las partes “a que aporten sus mayores esfuerzos” y restablezcan los servicios afectados “a la mayor brevedad posible”.

La nueva conciliación es una muestra de la voluntad de la gobernadora María Eugenia Vidal para apaciguar un conflicto en el distrito que eligió para descansar en temporada. Lo hizo cuando ya se hacía evidente la falta de capacidad del gobierno municipal para encarrilar el conflicto y el sindicato se seguía mostrando intransigente en pleno verano.

El objetivo de la Provincia, que ya había auspiciado dos reuniones entre las partes en La Plata, fue “resguardar la integridad general de los vecinos de Mar del Plata y la de los 230.000 turistas que eligieron la ciudad para descansar y pasar sus vacaciones en paz”.

Según aseguró el Ministerio en un comunicado, la falta de un acuerdo entre las partes durante los últimos 29 días “erosionó la paz social de la ciudad y puso en jaque los servicios básicos e indispensables de salud, seguridad vial, control urbano, higiene en la vía pública y mantenimiento de los espacios verdes”.

Además, “perjudicó la actividad comercial tanto en el sector gastronómico como en los pequeños y grandes comercios, que vieron proliferar la venta callejera y la competencia desleal en la vía pública”.

Apuntó que “la imposibilidad del municipio y el gremio de resolver sus diferencias generó graves inconvenientes en el sistema de sanitario local”. Y recordó que “más de 15.000 marplatenses no pudieron vacunarse en los centros de salud que dependen de la comuna, más de 400 mujeres no pudieron hacer sus mamografías y se perdieron unos 100.000 turnos que habían sido otorgados en las salas de salud municipal”.

Por otra parte, “la ausencia de controles viales generó caos en el tránsito y el incumplimiento de normas básicas en el estacionamiento en la vía pública”, lo que contribuyó “al descontrol generalizado en materia vial”.

De hecho, “la falta de operativos de alcoholemia, en la magnitud y frecuencia habitual que se llevan adelante cada verano, puso en riesgo a los conductores que circulan por las calles de la ciudad”.

Según el Ministerio, “un capítulo aparte se merece la situación en el cementerio local: ninguno de los actores que interviene en el conflicto pudo garantizar que varias familias que habían perdido un ser querido pudieran realizar su despedida y la exhumación de los cuerpos con respeto y en paz, tal como se merece esa ceremonia”.

Ese comunicado hablaba de una mejora en la oferta salarial del 14 al 17%. Pero el Ejecutivo no la formalizó. El secretario general del STM, Antonio Gilardi, dijo que el gremio solo fue notificado de que se mantiene el aumento de 14% otorgado por decreto. Y el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, explicó: “No hicimos propuestas salariales. Estuvimos analizando la situación en que se encuentra la ciudad”.

El funcionario aseguró que “cuando hay un conflicto colectivo de trabajo, siempre interviene el Ministerio de Trabajo de la provincia”. Y agregó: “La lectura que hacemos es que es una intervención que se realiza en función de la normativa que rige los conflictos colectivos. En base a eso me parece sumamente oportuno y por demás razonable que intervenga el Ministerio de Trabajo”.

También confirmó que el aumento decretado por el intendente se abonará “el 15”, y que esa suma no cierra la posibilidad de una nueva recomposición salarial. “Es una demostración de la voluntad del Ejecutivo de aumentarle el salario a sus trabajadores”, indicó.

Ese aumento se sumó al 18% que había percibido el personal municipal en la primera parte del año, con lo que llegó a un 32% en el año. El gremio insiste, en cambio, en obtener un incremento que se aproxime más a la inflación anual de 2018, cercana al 50%.

“Vamos a trabajar sobre otra realidad y esperemos poder llegar a un punto de encuentro en el marco del diálogo, porque en toda negociación el diálogo es el mejor camino para encontrar una solución”, se esperanzó Vicente. Gilardi fue más crudo: “Espero que el Ejecutivo sepa aprovechar el tiempo para llegar a un acuerdo definitivo”.

Sin descuento

Al retrotraer la situación a la instancia anterior a la medida, el Ministerio impidió que se descuenten los días de retención de tareas al personal. “Los trabajadores no pueden ser sancionados porque están amparados por la Constitución Nacional y la Provincial. Les da el derecho a huelga o retención de tareas”, dijo Gilardi.

Vicente admitió que el Ejecutivo estuvo a punto de firmar un decreto para establecer el descuento: “Se estudió y analizó por el perjuicio que está viviendo la comuna, que puso en vilo el funcionamiento de los servicios públicos, porque las guardias mínimas tampoco habían sido cumplidas”.