Por Marina Sánchez Herrero

Reformar la Justicia realmente sería mejorarla. Pero mejorarla a fondo: sacarla del estado de emergencia tecnológica y de infraestructura en las que está desde octubre de 2019. Denunciar a quienes la deshonran, acelerar los procesos, redefinir el mapa judicial con una mirada federal, evitar que las causas duren 20 años, y que un abogado deba recorrer 500 kilómetros para acceder a un tribunal de alzada en el interior del país. Esa es la necesaria reforma de la Justicia, pero no es la que nos está proponiendo el gobierno.

La crítica es al punto de partida de la reforma, no a la necesidad de reformar. No está claro qué mapa judicial tiene en mente el gobierno al propiciar un incremento de cargos y de costo enorme, pero sin cambiar lo que hoy funciona mal. Porque, es importante aclararlo, lo que hoy existe va a permanecer. La reforma agrega estructura, no cambia la que está. Por eso, los medios que emplea el gobierno no resuelven los problemas que dicen que quiere resolver, y la reforma se vuelve inútil o, al menos, una oportunidad perdida.

Una reforma de la Justicia con una genuina mirada nacional no se circunscribe solamente a los Tribunales de Comodoro Py, a los que, por otra parte, no cambia sino multiplica, manteniendo lo que está y sumando 34 nuevos cargos. Tampoco puede no tener en cuenta las condiciones actuales del sistema que impactan, más fuerte que en la Capital, en el interior del país. Recordemos, por ejemplo, que la Cámara federal para La Rioja… ¡está en Córdoba! Son seis horas de viaje en auto para presentar un papel.

El tema presupuestario es también crítico: a partir de agosto el sistema federal se quedará sin recursos para pagar sueldos y gastos de funcionamiento y deberá ser auxiliado por el Poder Ejecutivo. Pero los 279 cargos nuevos implicarán unos 5000 millones de pesos anuales, al valor de hoy. Hay algo que no cierra: las discusiones que está generando esta reforma están lejos de referirse a los verdaderos problemas de la Justicia.

Podemos revisar alguno de ellos: la Justicia sigue funcionando en base a papel y sello de goma. La pandemia dejó al descubierto la precariedad del servicio y no se hicieron las inversiones necesarias, a pesar de que quedó demostrado que el sistema no podía funcionar en contexto de aislamiento social. Quedaron al desnudo carencias en infraestructura, en tecnología, en presupuesto, en diseño del mapa judicial, en capacidad de respuesta, en duración de los procesos y un largo etcétera.

La pregunta que cabe, entonces, es si esta reforma soluciona esos problemas: ¿Hace más eficiente y digitalizado el servicio? No. ¿Distribuye mejor el presupuesto? No. ¿Permite superar la emergencia en infraestructura y tecnología? No. ¿Hace funcionar mejor la estructura que el gobierno sostiene que no funciona? No. ¿Reduce plazos en los procesos? No. ¿Crea un mapa judicial más equitativo y accesible para todos? No. Si todas las respuestas son negativas, evidentemente esta no es la reforma que necesitamos, aunque compartamos el diagnóstico de que es fundamental cambiar profundamente el sistema.

Falta una mesa de diálogo con los actores del sistema: es una reforma de la Justicia federal que no incluye a los actores de la Justicia federal. Tampoco se escuchó a los abogados y abogadas, quienes tenemos mucho que aportar por nuestra mirada integral del sistema. No incluye la perspectiva de la justicia futura, no explica cómo se va a digitalizar el sistema para hacerlo eficiente. En definitiva, no cambia el fondo, porque no se involucra con los verdaderos problemas que hoy tiene la Justicia.

La autora es representante de los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura de la Nación.