La democracia es un sistema de gobierno que tiene una gran virtud por sobre todas las demás formas de gobierno conocidas y practicadas por la humanidad a lo largo de su historia: es el único mecanismo que le permite al pueblo cambiar de gobierno de un modo predecible y pacífico. La pregunta que se debe hacer cualquier observador para definir un sistema como democrático o no es simplemente: ¿es posible la alternancia en estas condiciones?

La ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, tuvo plena vigencia en tres ocasiones (durante los períodos 1916-30, 1946-55, 1973-76) sin que se verificaran alternancias presidenciales. Recién en 1989 pudimos ver un partido en el gobierno derrotado en las urnas por otra fuerza política. Desde 1983 a la fecha se han producido numerosas alternancias presidenciales en treinta y tres años ininterrumpidos de democracia. Cabe señalar entonces que, más allá de las conocidas deudas que tiene el estado de derecho argentino con su ciudadanía, el sistema democrático goza de buena salud.

De todas formas, todo sistema es perfectible. En los años sesenta se introdujo la proporcionalidad (adoptando el sistema d’Hont) y en los noventas, la cuota de género, institutos que contribuyeron a perfeccionar la calidad de la representación política. A partir del siglo XXI las reformas encaradas tuvieron dos principales objetivos: contrarrestar la creciente fragmentación política resultante de la crisis de 2001; y neutralizar el micro fraude a través del robo de boletas. Así surgieron las P.A.S.O. y la boleta única de papel en Santa Fe y Córdoba en 2011.

En 2015, la Ciudad de Buenos Aires implementó con relativo éxito un sistema de votación (antes adoptado en Salta) que se sirve de medios electrónicos para la emisión del voto, la realización del escrutinio provisorio y la transmisión de los datos. A partir de dicha experiencia el actual gobierno nacional se entusiasmó con la idea de extender la Boleta Unica Electrónica (BUE) a los comicios nacionales.

Desde el Frente Renovador creemos que la incorporación de nuevas tecnologías a las distintas etapas de los comicios permitiría agilizar y transparentar el proceso electoral. Sin embargo, resulta ineludible un debate acerca de la seguridad en la confidencialidad del voto y del considerable aumento de los costos de operación que implica el voto electrónico.

Nuestra voluntad de acompañar estas reformas no admite meras adecuaciones cosméticas. Tal como lo señalara oportunamente la Cámara Nacional Electoral a principios del corriente año, las iniciativas del gobierno nacional serán bienvenidas en la medida en que expliciten y clarifiquen los objetivos que pretenden alcanzar. Las reformas políticas deben gozar del mayor de los consensos y transparencia posibles para eliminar la incertidumbre de los actores afectados y así llegar a buen puerto.

Más aun, consideramos que para que un sistema democrático funcione correctamente, no basta con atender las cuestiones que afectan al ejercicio del voto, y es imperativo fortalecer las instituciones centrales del sistema como son los partidos políticos, que son los responsable de canalizar y articular las demandas de la sociedad.

Es necesaria una revisión detallada sobre la legislación vigente y de los incentivos que la misma presenta a los partidos a fin de generar la esencial convergencia de ideas y candidatos en vez de alimentar una exacerbada fragmentación y faccionalización interna que atenta contra la gobernabilidad y la sustentabilidad de las políticas públicas.

A su vez, pretendemos vigorizar los mecanismos de control de los fondos que hacen posible el normal desenvolvimiento de la actividad política y, simultáneamente, nos permita combatir la corrupción y profesionalizar la burocracia estatal.

En definitiva, queremos impulsar a una discusión plural y multidisciplinaria que posibilite generar consensos y avances concretos sin especulaciones electorales.

(*): Vicepresidente segundo del Senado de la provincia de Buenos Aires. Presidente de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral.