La solución es que no exista más la Zona Roja en su versión marginal y violenta, pero los resultados de los últimos años indican que no hay forma de alcanzar ese objetivo sin una firme determinación. La gente, en su mayoría, cree que todo pasa por la corrupción policial, la conveniencia política o la incapacidad judicial, pero el problema es mucho más profundo y complejo.

Para el Municipio, la idea de mayor razonabilidad es la de la relocalización e insiste que para poder llevarla a cabo necesita la herramienta de una ordenanza que multe el ejercicio de la prostitución en la vía pública excepto en lugares permitidos. Cree que si se castiga a quien se prostituye en cualquier lugar, lo obligará a ir a la “Zona de Exclusión”. Y que entonces así se podrán contener el principal mal de la Zona Roja: la afectación de los vecinos. Que después se arregle el resto del Estado para evitar los asesinatos, la corrupción, la violencia, el narcomenudeo y las condiciones de vida de una minoría.

La idea del Ejecutivo municipal respecto a la Zona Roja es esa: propone mudarla, no modificarla. Argumenta que es el mejor aporte que puede hacer y, sin importarle el orden, delega a autoridades judiciales y policiales la cuestión del narcomenudeo, naturalmente. También relativiza la capacidad de decisiones profundas en la asistencia a la minoría trans.

La estrategia política para mudarla es “correr” a quienes ejercen la prostitución en la vía pública con multas y sanciones. Para ello el intendente Montenegro hizo llegar en enero al Concejo deliberante un proyecto de ordenanza que busca eludir una colisión con normas superiores: trata de hacer nacer una norma local en donde vive una reciente derogación de una ley provincial que la contradice. En 2018 se derogó el artículo 68 del decreto- ley 8031/83 que decía “Será penado con una multa de entre el quince (15) y el cuarenta (40) por ciento del haber mensual del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y arresto de cinco (5) a treinta (30) días, la persona que ejerciere la prostitución, dando ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare”.

Claro, la Municipalidad entiende que al derogarse la contravención que la penaba a nivel provincial puede reinstalarla como ley municipal, es decir como ordenanza, variando algunas cosas. Es decir, la Provincia dice No y el Municipio dice Sí a ese control callejero. ¿Y para qué sirve? El plan es que con una normativa que impida la prostitución en la vía pública y la limite a zonas permitidas, el Estado Municipal, en combinación con la policía, podría “correr” la Zona Roja a fuerza de multas y arrestos hasta un lugar apartado. Más escondido que apartado.

La discusión de la “zona permitida” es otra arista que causa asombro y polémica. Se habló de la Diagonal Canosa (¡frente al mayor centro deportivo de Mar del Plata!) o en la calle interna de Punta Mogotes (¿en serio?). En las últimas horas se mencionó al Parque Camet. Para Montenegro y su equipo de políticas de seguridad encabezado por Horacio García, una ordenanza así se asemejaría a la experiencia en CABA, donde la prostitución fue sitiada a los bosques palermitanos. Distritos muy distintos, hay que acotar.

El proyecto de ordenanza de Montenegro dice que la autoridad de aplicación será la “secretaría de Seguridad” que podrá “requerir la asistencia policial necesaria”.  “Si nos dejan controlar podemos requisar, si requisamos, encontramos droga. Es la herramienta perfecta”, dice un policía de alto rango. Justamente, la derogación de aquel artículo en la ley provincial tuvo como motivo principal evitar la persecución policial y, con ello, los excesos contra una minoría vulnerable como lo es, en este caso, la minoría trans. Porque todos saben que, ya reflejado esto en estadísticas judiciales, 9 de cada 10 vendedoras de drogas en la Zona Roja son mujeres trans. Pero además, ¿qué criterio utilizaría la Secretaría de Seguridad, a través de la policía, para decir que alguien (en particular para esta problemática, una mujer trans) que esté parado en una esquina está ofreciendo sexo? Lloverán en dos días los reclamos de persecución.

Entonces, la Municipalidad quiere relocalizar y pide una herramienta como la ordenanza para hacerlo. Pero, discusiones de fondo al margen, el problema central del proyecto municipal es su expectativa. Una ordenanza para conseguir lo que no pudo el Código Penal parece algo raro. ¿Cómo puede pensarse que una multa tenga más poder disuasivo que una condena o imputación penal? Porque la expectativa está puesta en que con esa ordenanza que infracciona a quienes se prostituyen frente a la casa de un vecino, se desalentará a quienes, usando eso como fachada, venden droga. Y que se irán sin chistar a un sitio remoto de la ciudad sin frentistas. Cuanto menos es utópico. En 8 años hubo 150 condenas por venta de drogas en la Zona Roja antigua y no se fue nadie.

El jueves fue detenida África una mujer trans migrante (de Perú, como la mayoría) que tenía numerosas condenas y que incluso por estos días debería estar presa por una pena a 6 años aplicada por la Justicia en el 2020. La historia de Áfrika es la más extrema, como lo fue también la ya fallecida Brisa, pero ejemplos de reincidencia a pesar de detenciones y condenas hay varios.

“La característica que puede advertirse es muy evidente: que la zona Roja se reconstruye día a día, que a vendedora apresada, vendedora renovada” se escribió en 2020.

La intención municipal es la de aliviarles la vida a los vecinos que sufren las consecuencias de la Zona Roja y, por supuesto, es acertada. Es lo que cualquiera haría, por los vecinos o por los votantes. Da igual. Pero –y sin entrar en el debate abolicionismo sí o no– no se puede convalidar (al regular la “fachada”) una actividad en la que todos los sectores que la tratan reconocen que oculta un delito grave como es la venta de drogas.

En estas condiciones, un traslado de la Zona Roja es un parche peligroso. Si en barrios poblados y con comercios hay tanta violencia y marginalidad, solo basta imaginar lo que sería en un sitio como los que se propone. Ni la policía podría entrar.

Y un detalle más para anticipar nuevos conflictos: a la nueva zona tolerada también deberían ir quienes actualmente no están en la Zona Roja, esas mujeres no trans y hombres diseminados por La Perla y Estación Norte que no quieren que los mezclen con el delito. Por esto también, para que la rezonificación sea un proyecto viable, primero hay que erradicar la venta de drogas.

Tal vez sea el momento de revertir la discriminación a las mujeres trans y protegerlas de quienes venden estupefacientes. Y que la zaranda deje lo que tenga que dejar. No debería ser un drama sino la confirmación de un diagnóstico. Y entonces refundar la Zona Roja será posible y su reubicación un mero trámite sin controversia. Porque si no hay manera de erradicar la Zona Roja en Mar del Plata, al menos que haya una versión que respete su esencia: una zona tolerada.

Todo es una gran obviedad.