“Nadie sospecharía de una policía”, habrá pensado la estafadora, al momento de planificar la maniobra. No parecía difícil: como algunos lotes del barrio Pueyrredon presentan irregularidades y no están a nombre de nadie en particular, la idea era falsear la documentación y vendérselos a una persona con necesidades.

La canallada que investigó el fiscal de Delitos Económicos, Javier Pizzo, y que ahora se ventilará en un juicio oral y público, ocurrió a mediados de 2020, cuando una policía de la comisaría séptima y su cómplice, una amiga que trabaja en un establecimiento educativo, le cobraron 1200 dólares a otra mujer por un terreno que no les pertenecía.

Según los datos que surgen de la causa, a la que accedió LA CAPITAL, la víctima entregó el dinero y creyó haberse hecho acreedora de la parcela número 195, ubicada sobre una calle inexistente llamada Pasaje Calabria Bis, entre Friuli y Monseñor Rau. A cambio, recibió un boleto de compraventa firmado por la uniformada, por un valor de 250.000 pesos.

La operación se llevó a cabo en julio de 2020, luego de que la interesada en adquirir el terreno pasara por el lugar y observara que en esa cuadra levantaban una losa dos albañiles. Al consultarlos sobre la propiedad de los lotes vacíos, recibió como respuesta que, para conocer detalles de los mismos, debía hablar con una mujer que vivía por la zona.

Tras el contacto entre ambas, la falsa propietaria de la parcela se identificó como policía. Inclusive, en el primer encuentro vestía su uniforme reglamentario, y en otra charla telefónica le manifestó a la compradora que se hallaba en un operativo y que no podía atenderla.

Y la víctima cayó en la trampa, a pesar de que al consultar sobre la parcela en cuestión con un empleado de una dependencia municipal éste le respondió que existían irregularidades al respecto. Pero, como preveía la propia estafadora, eligió no sospechar de una policía.

Así, después de efectuar la entrega del dinero en efectivo a través de su marido, quiso tomar posesión del lote.

Y fue cuando comenzaron los inconvenientes: la mujer pasó dos meses a la espera de la entrega de la documentación correspondiente al terreno. Al reclamarle a la policía, ella le contestó que desde entonces debía tratar con su amiga, más tarde identificada como cómplice en la estafa.

“Como vos hay otras siete personas, tenés que aguardar tu turno”, le dijo la nueva interlocutora, al recibir su llamado.

Finalmente, en octubre de 2020 la víctima obtuvo “los papeles” que requería y se dispuso a hacer los trámites municipales exigidos para construir su próximo hogar.

Desenlace

No tardó mucho más tiempo en darse cuenta la mujer que había sido estafada, por lo cual hizo la denuncia inmediata contra las dos mujeres a las que llegó a señalar con el dedo durante un operativo.

Desde entonces, se inició una investigación a cargo del fiscal Pizzo, quien reunió las pruebas y logró acreditar la estafa, bajo la autoría de la policía y la complicidad de su amiga, ambas de 48 años. Por eso, recientemente requirió la elevación a juicio de la causa, lo cual fue autorizado por la Justicia de Garantías.

Para el instructor judicial, la uniformada fue autora del delito de “estelionato” y subsidiariamente, de “estafa”, mientras que a la otra mujer la imputó por el “uso de documento privado falso”, relativo al falseamiento de la documentación.

Como solución alternativa al debate oral en un juzgado correccional, Pizzo consideró que la posibilidad de celebración de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, pero como al reunirse las partes no coincidieron en el monto de reparación del daño que las acusadas deberían entregar a la víctima, el caso se encamina, de mínima, a un juicio abreviado.