Una mujer tenía arresto domiciliario pero continuaba con la venta de cocaína
El allanamiento en el que se la detuvo fue realizado por la Policía Federal de Mar del Plata y tuvo lugar en una vivienda de San Salvador al 5000.
Una mujer de 31 años que cumplía arresto domiciliario en una casa del barrio El Progreso fue detenida por la Policía Federal al allanarse el domicilio y comprobarse que continuaba vendiendo cocaína.
Además de la principal investigada también fue detenido su pareja, un hombre de 42, que participaba en la comercialización de estupefacientes, de acuerdo a la pesquisa llevada a cabo por la fiscalía a cargo de Leandro Favaro.
Esta pequeña célula de narcomenudeo operaba desde una vivienda de San Salvador al 5000 hasta donde en la tarde del miércoles llegó la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata de la Policía Federal. En las últimas semanas la prueba se había acumulado por medio de fotografías, videos e interceptación de compradores.
La forma en la que vendían la cocaína era rudimentaria y casi sin tomar demasiados recaudos pese a que la mujer tenía la restricción del arresto domiciliario. Atendían por medio de una reja e incluso a muchos consumidores les permitían ingresar.
El operativo policial contó con la colaboración de un grupo de Irrupción Táctico de la División Unidad Táctica de Intervención Federal MDP – Bs. As Sur, el cual fue el encargado de irrumpir en la finca debido a que esta se encontraba preparada para complicar el acceso del personal policial. Enrejados y puertas reforzadas eran los sistemas para ralentizar el acceso de la policía.
Dentro de la casa fue secuestrada cocaína ya dispuesta para la venta al igual que algunas bolsas con marihuana fraccionada, mientras que en otro sector del inmueble esta pareja ocultaba sustancias de “corte y estiramiento” que se usan para multiplicar el volumen de los estupefacientes. Teléfonos celulares hallados en el lugar serán de gran importancia para la continuidad del proceso investigativo.
Este “point” es el segundo en los últimos días que se desactiva por parte de la Policía Federal y en el que su principal responsable lleva colocada una pulsera o tobillera de monitoreo judicial.