Los investigadores consideran tener por probado que el estudio jurídico “Organización Jurídico Previsional” -integrado por los ya procesados Roberto Luis Balbuena, Rubén David Cagni, Miguel Iros y Luciano Conrado Diez Suárez- tuvo como fin realizar y tramitar beneficios jubilatorios que, luego de otorgados, conllevaron a un perjuicio patrimonial millonario para la administración pública.

La maniobra se iniciaba con denuncias apócrifas mediante las que lograban que se reconocieran años de aportes a individuos que no habían trabajado con esos empleadores –se inscribían como empleadores personas muy mayores o de existencia irreal–. En algunos casos, inclusive, se presentaban declaraciones juradas rectificativas que “pisaban” las originales, dejando a los empleados verdaderos sin aportes ni contribuciones para ese período rectificado.

Es así que, en muchos de los casos se declararon remuneraciones de importes elevados que se tradujeron directamente en el haber previsional, proporcionando haberes que superaron el monto mínimo legal, y no realizando sobre dichos servicios el pago de los aportes y contribuciones correspondientes, conforme indica la ley 24.241.

De esta manera, según la hipótesis inicial del fiscal federal Nicolás Czizik, los abogados del estudio jurídico Organización Previsional SRL obtenían de manera irregular beneficios previsionales, principalmente de retiros por invalidez sobre la base de servicios inexistentes que habrían sido previamente validados, también en forma irregular, ante la AFIP.

La organización delictiva se valió, a su vez, de diversas irregularidades y maniobras ilícitas como ser la alteración de registros del sistema de AFIP, utilización de documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la Anses que en el sistema del organismo aparecían como extraviados, la instalación en el estudio jurídico de un consultorio médico que no estaría habilitado para realizar certificados por discapacidad a sus clientes que luego eran homologados con médicos, al servicio del estudio jurídico Organización Previsional SRL, que trabajaban en la Comisión Médica de Anses.

De ese modo se producía una defraudación hacía el Estado, ocasionando un importante perjuicio económico, al mismo tiempo que la asociación se veía beneficiada a partir de los ingresos patrimoniales producto de los beneficios previsionales irregulares.

– De candidato de la derecha a prófugo por estafar al Estado