Desde enero de 2016, cuando el municipio adjudicó el servicio de recolección de residuos por una suma de 45 millones de pesos, el Departamento Ejecutivo ya actualizó en cinco oportunidades el monto del contrato originalmente firmado con la empresa Transportes 9 de Julio, provocando que en poco más de dos años, su valor ya se incrementara un 74,75%.

La última acta de redeterminación de precios fue establecida en abril pasado y fue aprobada mediante un decreto que lleva la firma del intendente Carlos Arroyo y del secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle.

Mediante ese acuerdo, la comuna aceptó fijar el monto del contrato en una suma mensual de $79.753.394 reconociendo la vigencia de ese valor desde el 1 de febrero de este año.

De este modo el municipio se obligó a sí mismo no sólo a comenzar a abonar un precio más elevado que el que venía pagando, sino también a compensar a la compañía con una suma adicional de $11.743.190,46 en concepto de diferencias retroactivas.

A partir de este último acuerdo, el valor del contrato por la recolección de residuos sufrió hace apenas dos meses un incremento del 7,95% con respecto a los $73.881.799,00 que el municipio ya venía pagando desde julio de 2017.

En base a las cifras actualmente vigentes es posible estimar que para este año el costo del servicio ascendería a un total de casi 916 millones de pesos.

No obstante, en el presupuesto municipal de 2018 la partida destinada a la recolección es de 1.056 millones, lo que hace suponer que al elaborar el cálculo de gastos, la Secretaría de Economía y Hacienda ya contempló conceder una nueva actualización durante lo que resta de este año.

A pesar de haber accedido a todos los pedidos de redeterminación de precios realizados desde 2016, en las últimas horas varios funcionarios no dudaron en salir al cruce de la empresa y del Sindicato de Camioneros.

El gremio permanece en huelga desde el jueves pasado debido a que los trabajadores no percibieron los sueldos ni el medio aguinaldo y acusan a la Municipalidad de no haberle pagado a la compañía los servicios correspondientes a los últimos meses.

En respuesta, desde la comuna depositaron la responsabilidad del conflicto en la provincia de Buenos Aires, por no haberle girado fondos, supuestamente, provenientes de la Nación.

Pero en las últimas horas, y luego de que desde La Plata dejaran en claro su “malestar” por esa justificación, el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, comenzó a arremeter contra la concesionaria y el gremio de Camioneros.

Según el funcionario, la factura que se le adeuda a la 9 de Julio vencerá en los próximos días y el hecho de que la comuna no la haya cancelado aún “no es justificativo” para que se ejerza una medida de fuerza.

Para el secretario, la compañía “debe tener capacidad financiera para atender demoras de hasta 120 días” y el hecho de que aparentemente no la tenga, la constituye en una suerte de empresa “irreal”.

“Tanto esta firma como la firma del conurbano, Covelia, son todas figuras donde el sindicato, creo o tengo la intuición, de que tiene una parte minoritaria o mayoritaria de estas empresas, y en realidad son figuras para el sindicato de extraer de los municipios, tanto del conurbano como en este caso de Mar del Plata, dineros municipales a través del servicio de recolección de basura”, afirmó Mourelle en diálogo con Radio Brisas.

Cierta o no, la hipótesis del funcionario no impidió que desde que fuera firmado el contrato de adjudicación del servicio, el actual gobierno aceptara cumplir con cinco pedidos de redeterminación de precios.

De todos ellos los últimos dos fueron convalidados por decretos firmados por el propio Mourelle y al intendente Carlos Arroyo.

Entre los más recientes figura el Decreto 2920/17, por el cual de dispuso  elevar el monto del contrato en un 13,76%, permitiendo que desde julio último la cifra pasara de $64.947.782 a $73.881.799.

El siguiente decreto es el 852/18 mediante el cual, con la firma de Arroyo y Mourelle, la empresa comenzó a percibir desde febrero una suma de $79.753.394.