La acción de amparo que la Cámara Federal N° 2 de La Plata avaló ayer fue impulsada por diputados y senadores del Frente para la Victoria con el acompañamiento de intendentes, concejales, cámaras de comercio, pymes, asociaciones de consumidores y la firma de más de 60 mil personas, 7.000 de ellas de Mar del Plata, a través de la campaña que los legisladores realizaron en la provincia de Buenos Aires.

Los diputados y senadores del FpV habían formalizado la presentación judicial a través del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) con la intención de frenar los aumentos en el servicio de gas.

El dictamen dispone dejar sin efecto las dos resoluciones ministeriales que establecen el incremento y retrotraer el cuadro tarifario a diciembre de 2015. Así, una vez quede firme la sentencia, el Ente Nacional Regulador del gas (Enargas) debería convocar a una audiencia pública en el plazo de 20 días para que los parámetros del aumento se discutan con consumidores, asociaciones y organismos de la comunidad.

El diputado provincial marplatense Juan Manuel Cheppi (FpV), uno de los autores de la iniciativa, celebró la decisión de los jueces. “Es un paso más en este trabajo que venimos realizando con mucho compromiso para lograr una tarifa en los servicios que sea justa y esté al alcance de todos los argentinos”, dijo.

“Desde el principio entendimos que es nuestra responsabilidad representar los intereses del pueblo que nos puso en el lugar en el que estamos, y no podemos mirar al costado ante un discurso de sinceramiento que esconde la decisión de que las clases medias y bajas paguen por la transferencia de ingresos que el Gobierno está haciendo en favor de los grupos de poder económico concentrado”, añadió el legislador.

Destacó que “solo en Mar del Plata más de 7.000 vecinos acompañaron esta iniciativa con su firma y en toda la provincia fueron más de 60 mil”, y agregó: “Esto demuestra indiscutiblemente que el freno de los aumentos y la rediscusión de las tarifas es una necesidad real de la gente, que en verdad no puede pagar”.

“El poder político –apuntó Cheppi– no puede tomar estas decisiones de espaldas al pueblo, y si las tarifas en los servicios tienen que reajustarse, debe hacerse respetando lo que indica la Constitución Nacional y discutiendo los parámetros en una audiencia pública que permita el aporte de la ciudadanía y las organizaciones de la comunidad”.