Por Ramiro Melucci

Mientras Guillermo Montenegro martilla con la “discriminación” que le adjudica a la Provincia y los concejales de Fernanda Raverta acusan al municipio de no manejar los fondos como corresponde, en los últimos días el oficialismo y la oposición local dibujaron en el aire un puente para disimular la grieta.

Sucedió en la Comisión de Industria del Concejo, donde, en su primer tratamiento, aprobaron por unanimidad la nueva regulación propuesta por el Ejecutivo para los decks. El camino legislativo del expediente recién empieza (todavía debe atravesar otras tres comisiones), pero se trata de un buen comienzo para una norma que será clave para el ordenamiento del espacio público.

El acuerdo es posible porque uno de los ítems que puede generar más controversia, el de si los decks deben o no pagar tasas, no forma parte del debate, sino que se discutirá a fin de año, cuando se aborden las ordenanzas fiscal e impositiva.

El proyecto dice que las estructuras gastronómicas estarán sujetas al pago de tributos según las previsiones de la normas fiscal e impositiva vigentes. Las de 2022 las eximen. Las que se proyectan para el año próximo dirán otra cosa: en los últimos días se ha encargado de remarcarlo el oficialista Fernando Muro.

Ahora la tarea legislativa se ciñe a aspectos como la seguridad vial, la estética y los permisos para los decks, puntos en los que no asoman grandes desacuerdos. Nadie desconoce el empleo que pueden generar; tampoco los trastornos que ocasionan en la vía pública cuando no se los controla como es debido.

A excepción de esa ordenanza clave para el sector gastronómico (el Ejecutivo aplazó la habilitación de 40 nuevos decks hasta su aprobación), todo lo demás genera desencuentros.

Mariana Cuesta, del Frente de Todos, aprovechó la reunión constitutiva de la Comisión del Fondo de Financiamiento Educativo para cuestionar el uso que hace el municipio de los fondos que le manda la Provincia: los destina, en su gran mayoría, al pago de sueldos.

La administración se escuda con el artículo 49° de la ley de presupuesto bonaerense. Si bien dice que los municipios que no forman parte del conurbano deben destinar como mínimo el 40% de esos fondos a infraestructura escolar, apunta que los que cuenten con servicios educativos de educación formal municipal de niveles obligatorios oficialmente reconocidos por la Dirección General de Cultura y Educación (como es el caso de General Pueyrredon) deben destinar los recursos “prioritariamente a cubrir los gastos de funcionamiento y mantenimiento” de esos servicios. Incluso aclara que la obligación de destinar como mínimo el 40% a infraestructura “en ningún caso podrá imposibilitar la normal prestación de los servicios educativos formales municipales”.

El camino legislativo del expediente de los decks recién empieza, pero se trata de un buen comienzo para una norma que será clave para el ordenamiento del espacio público.

Con menos exposición, el capítulo del Enduro Pale permanece abierto. El intendente trazó un balance auspicioso y sus leales recomendaron con ironía ir a ver cómo quedaron las playas del norte después de la competencia. De todos modos, en la mesa de entradas del Concejo la oposición acumuló pedidos de informes por los huecos que dejó la apurada autorización del evento. Pretenden algo más que un resumen oral con números calculados a ojo.

El debate del reconocimiento facial ingresa en un tramo decisivo. Con la expectativa de lograr un consenso, el oficialismo amplió y mejoró la redacción del proyecto original. Escribió que el Ejecutivo deberá realizar una licitación pública, y que toda información no relevante para las funciones del sistema “deberá ser inmediatamente descartada, incluyendo la información biométrica de personas en caso de no ser identificadas”. Ni el Frente de Todos ni Acción Marplatense quedaron conformes, pero el oficialismo divisa una hendija para que la discusión llegue al recinto, donde juntaría los votos.

Los concejales de Montenegro ven puntos de contacto con la ordenanza de la Zona Roja. En aquel caso, el kirchnerismo de ninguna forma estaba dispuesto a acompañar las multas y arrestos. Ahora la disidencia es por el pliego licitatorio: el bloque opositor pretende que el Ejecutivo lo mande al Concejo. El oficialismo cree que ya hizo suficiente con la nueva redacción. 

A propósito de la Zona Roja, la definición del sector pareció llegar antes de lo esperado. El lugar preferido por el municipio está en la zona sur, en los alrededores de los cementerios Parque y Colinas de Paz. Una zona que respeta la condición de que no haya frentistas.

La difusión tempranera (en los papeles, el Ejecutivo tiene un mes más para evaluar lugares) acarrea dos consecuencias. Una positiva: permite tantear el terreno de la opinión pública y de los sectores involucrados. La otra negativa: resta fiabilidad de cara a futuras reuniones y solicitudes de la comunidad trans. ¿Si el sitio ya se eligió, para qué seguir conversando? De ahí la aclaración de que todavía no está la decisión oficial.

También hubo novedades sobre otro asunto controvertido. El Tribunal de Cuentas respondió las consultas de la presidenta del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro, sobre la forma en que Montenegro decidió aplicar las fotomultas.

Había una primera duda acerca de si el artículo 41° de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), al que recurrió Montenegro para implementar el convenio sin la aprobación del Concejo, contemplaba a las universidades nacionales (el acuerdo es con la de San Martín). El Tribunal contestó que sí, que debe considerarse como un organismo nacional descentralizado del Estado.

Pero también señaló que esa redacción del artículo entró en vigencia el 1 de enero de 2022. Y que el convenio había sido firmado el 21 de diciembre de 2021, cuando la norma establecía que debía pasar por el Concejo. “Por ende, el municipio debió contar con la autorización correspondiente por parte del Concejo Deliberante para suscribir los convenios motivos de la consulta, por tratarse de una facultad atribuida a dicho poder municipal”, concluyó.

Pero enseguida aclaró que las cuestiones vinculadas a la validez de los convenios que suscriben los municipios dentro del marco de sus competencias “deberán ser dirimidas ante los órganos judiciales correspondientes”, por lo que no puede pronunciarse al respecto.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia concluyó que el convenio de las fotomultas debió tener la aprobación del Concejo Deliberante.

Es imposible, sin embargo, desenganchar la escena local de lo que ocurre en el país. El municipio sufre con cada licitación de obras públicas. La falta de oferentes se volvió una costumbre. Y en los contados casos en los que se presentan empresas, las ofertas superan ampliamente el presupuesto oficial.

La tranquilidad también es una sensación olvidada en el Frente de Todos. Cuando no lo trastoca la incomodidad del Movimiento Evita (y del concejal Roberto Gandolfi) por definiciones de Cristina Kirchner sobre los planes sociales, lo sacude la amenaza de ruptura de Juan Grabois (y la desazón de Sol de La Torre) por los anuncios de Sergio Massa.

Raverta ha hecho de la contención un culto. Las buenas relaciones locales han sabido aplacar los fuertes temblores nacionales. Al menos por ahora.