LA PLATA (Corresponsalía).- La jubilación del juez Hitters, la salida por la misma vía de la procuradora María del Carmen Falbo y la posible partida de otro miembro de la corte, dejan una gran posibilidad para que la gobernadora María Eugenia Vidal empiece a delinear un poder judicial a su medida.

Ante este suceso, el senador Patricio García presentó un proyecto de resolución, que busca que los candidatos a Jueces de la Corte Suprema provincial presenten sus declaraciones juradas, aunque el punto central de la iniciativa es que posibilitaría a la ciudadanía realizar impugnaciones a los candidatos propuestos por el Ejecutivo, incorporando las audiencias públicas para legitimar la participación ciudadana y dar a conocer los motivos de las impugnaciones.

El proyecto presentado por el presidente del Bloque Peronista del Senado bonaerense, busca modificar el Reglamento Interno de la Cámara, para de esta forma regular la prestación de acuerdos en la designación de Jueces que luego integrarán la Suprema Corte de Justicia.

Sobre este punto García afirmó que “en el marco de las reformas constitucionales del 1994, tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires, y además de la incorporación de institutos específicos (como el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura), se ha operado un cambio más profundo aunque menos perceptible”.

Y agregó: “Nuestro forma de gobierno ha comenzado a mutar de una república representativa clásica a una república democrática y participativa en la cual, la clase política no tiene el monopolio de la adopción de la totalidad de las decisiones que hacen a nuestro sistema institucional”.

Buscando justificar el sentido de la norma, García se apoyó en los sucesos que pusieron límite al alza en los servicios en los últimos días al recordar que “prueba reciente de ello han sido los sucesos relacionados con los aumentos de la tarifa del gas, que ha sido anulado por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por carecer de la instancia de la necesaria presencia ciudadana”.

En ese sentido, el senador apuntó que “la reforma constitucional provincial no ha sido ajena a ello. Y pese a que el sistema de designación de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de nuestra Provincia, no ha sido modificado, estamos convencidos de que decisiones de semejante envergadura, como es la designación para cargos vitalicios y que entre sus competencias constitucionales, cuentan con la potestad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, requiere un proceso especial que garantice, de cara a la sociedad, la mejor decisión”.

La iniciativa legislativa propone entre otras cosas posibilitar que la ciudadanía formule impugnaciones debidamente fundadas y realizar una audiencia pública en la que se ventilarán las impugnaciones formuladas, a efectos de tomar una decisión fundada, legitimada por la participación ciudadana.