Por José Calero

La Argentina necesita fijar un horizonte creíble que permita programar la vida más allá del coronavirus, y delinear un plan sustentable capaz de transmitir esperanza a pesar del daño sin precedentes provocado por la peste.
Ese es el diagnóstico en el que coinciden los principales dirigentes políticos, empresariales y sindicales, que mantienen febriles contactos por estas horas con vistas al probable final de la cuarentena rígida en el AMBA que vencerá este viernes, y cuya salida sería en etapas.

Casi todos los agentes económicos dan por hecho que el Gobierno anunciará una flexibilización en cuotas de las medidas de aislamiento social duro, fuertemente resistidas por el comercio y los cuentapropistas, entre otros múltiples sectores.

El presidente Alberto Fernández viene manteniendo contactos con referentes de la industria, la construcción y el comercio para definir, ya con la estadística sanitaria en la mano, cómo continúa esta película de terror.
Algunos de esos contactos se produjeron en el marco del acto por el Día de la Independencia del jueves último.

En ese evento virtual, realizado horas antes de que miles de manifestantes salieran a las calles con una amplia lista de reclamos -desde terminar con la cuarentena infinita hasta impedir que símbolos de la corrupción salgan en libertad-, el jefe de Estado no dejó nada librado al azar.

En primera fila hizo sentar a Daniel Pelegrina, el presidente de la Sociedad Rural, tal vez la entidad más detestada por el kirchnerismo de paladar negro que mantiene diferencias de fondo con un “albertismo” que no termina de consolidarse.

Fernández repite ante su círculo íntimo que el campo no solo desempeña un rol central en medio de la pandemia para sostener la entrada de divisas, sino que será la punta de lanza de la recuperación de las exportaciones cuando el mundo post pandemia empiece a demandar la producción argentina de alimentos.

También le indicó a su Gabinete que los quiere más metidos en la discusión sobre la Argentina que viene, transmitiendo a la opinión pública que existe un plan económico más allá de la cuarentena.

Con el ministro de Economía, Martín Guzmán, enfrascado en una batalla cuerpo a cuerpo por la renegociación de deuda, en estos días la responsabilidad de transmitir señales a quienes toman decisiones en el mundo de la producción corrió por cuenta de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Todesca no evitó la crudeza para trazar un panorama económico sombrío, y hasta reconoció que la caída será más fuerte de la prevista, con cierres de empresas y aumento del desempleo en las próximas semanas.
Solo prometió que el Estado seguirá apuntalando, como pueda, a los miles de desamparados que se van sumando a diario a medida que el deterioro económico se profundiza, en buena medida por la pandemia, pero también por problemas estructurales que la Argentina arrastra desde hace muchos años.

El ministro de Desarrollo Productivo se ocupa de intentar coordinar planes para reactivar, en conjunto con las provincias, sectores capaces de dinamizar rápido, como la obra pública.
Si bien no existe claridad sobre cuál es el rumbo económico que el gobierno busca imprimirle a la gestión, está claro que la idea de Alberto Fernández es que el Estado desempeñe un rol cada vez más activo para orientar a los principales agentes económicos.

Ese objetivo a veces choca con sectores refractarios a las políticas peronistas en general, como ocurrió con el intento por ahora fallido de intervenir primero, y expropiar después, a la endeudada cerealera Vicentin.

El problema estructural

La estructura productiva de la Argentina es desde hace décadas incapaz de crear los empleos necesarios para satisfacer las necesidades de la población, admiten en la Casa Rosada.
Ya en los ï90, aún en el marco de los “éxitos” de la convertibilidad para domar la inflación, más de un funcionario reconocía que el 25% de los ciudadanos casi no tendría chances de integrarse en el sistema de producción y trabajo.

Esas adversas condiciones históricas de la Argentina se han desmadrado como consecuencia de la pandemia.
El Gobierno exigió al máximo a un Estado al borde de la quiebra para implementar el Ingreso Familiar de Emergencia, que según cálculos oficiales impidió que casi 3 millones de personas caigan en la indigencia.
Son unas 9 millones de personas las que perciben el IFE, un paliativo de 10 mil pesos que contribuye a aliviar la delicada situación de social de personas con un trabajo esporádico, mujeres que no pueden salir a trabajar porque deben afrontar tareas de cuidado o jóvenes que están intentando arrancar en el mundo laboral, entre múltiples sectores vulnerables.

El Gobierno decidió aplicar una tercera ronda de pagos del IFE en todo el país porque advierte que, aún allí donde la actividad se va recuperando tras el golpe de la pandemia, se observan niveles de consumo y producción muy inferiores a las épocas pre Covid-19.

A partir de esta semana se espera además el pago del ATP a 1,5 millones de trabajadores del sector privado, muchos de los cuales aún no terminaron de percibir el aguinaldo porque las empresas donde trabajan están exigidas al máximo en su capacidad financiera.

En la Casa Rosada piensan en mantener también los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, y apuestan a que el Congreso apruebe hacia fin de mes una moratoria total de obligaciones impositivas, previsionales y aduaneras.

El equipo económico confía en llegar a un acuerdo en la renegociación de deuda y calcula que casi dos tercios de los acreedores terminará aceptando la oferta, que en términos financieros representa una mejora de unos 16.000 millones de dólares en los próximos diez años, que lo que se hubiese pagado con la primera propuesta.

El acreedor más duro es el mayor fondo de inversión del mundo, BlackRock, que pretende una mejora más para terminar de cerrar el acuerdo. Se trata casi de un capricho por parte de Larry Fink, el CEO de ese grupo de halcones financieros, que en medio de la negociación con la Argentina debió aceptar correr de la línea a Gerardo Rodríguez, un experto en finanzas que parecía tener un encono personal con Guzmán.

En su lugar puso a la abogada Jennifer O’Neill, una negociadora dura pero con mejores modales, que al menos busca dialogar de igual a igual con el ministro argentino, a quien Rodríguez pareció intentar subestimar en el momento más crudo de la disputa.

Si las expectativas se cumplen, durante agosto la Argentina podría, con fuerte respaldo del FMI y el G20, intentar cerrar el acuerdo por la deuda y empezar a normalizar su relación con el mercado de capitales.
Si la suerte acompaña, será en simultáneo con el avance de una salida en etapas de la cuarentena y el trabajoso retorno a un sendero de producción y trabajo que permita amortiguar lo que se espera será una brutal caída del 15% del Producto Bruto en este 2020.

Esa ambiciosa meta requerirá más que nunca de todos los actores de la economía y la política tirando del mismo carro, algo inusual en la historia argentina.