Por Adrián Pérez (*)

El gobierno nacional promulgó la ley de reforma al financiamiento de los partidos políticos. Una ley sancionada con el apoyó de la mayoría de los principales bloques legislativos. Se trata de una excelente noticia. Llegar a las próximas elecciones con un nuevo régimen de financiamiento era uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión de Cambiemos en materia institucional.

La regulación del financiamiento político es uno de los aspectos más delicados y a su vez más reformados en las democracias contemporáneas. Ante la amenaza que supone el dinero proveniente de origen ilícito, es preciso establecer reglas claras que aseguren la transparencia en las cuentas de los partidos que compiten por acceder al poder. Nuestro país ha tenido sucesivas reformas en la materia. Sin embargo, con el correr del tiempo y de los procesos electorales, las falencias del régimen vigente se habían vuelto también evidentes.

A partir de un diagnóstico consensuado por gran parte de los actores involucrados y especialistas en el tema, la reforma aprobada busca lograr tres objetivos clave: transparencia en las finanzas, equidad en la competencia y eficacia en los controles de la justicia.

Para lograr el primer objetivo se prohíben los aportes en efectivo. Este es un cambio fundamental para cortar de raíz la posibilidad de que ingresen al sistema político fondos originados en actividades ilícitas, ya que la bancarización asegura la identificación fehaciente del aportante y la trazabilidad del dinero.

Además, se extienden los aportes de personas jurídicas, que hasta hoy sólo podían hacerse para el desarrollo institucional del partido, a todo el período de campaña electoral. De esta forma, los aportes que se hacían debajo de la mesa o a través de prestanombres serán públicos, visibles y controlables.

A su vez, para evitar la cooptación de una campaña o de un candidato por parte de un pequeño grupo de empresas, se establece un tope de aportes a cada una del 2% de los gastos permitidos. En materia de control, se incorpora una serie de medidas para fortalecer la tarea de la justicia electoral y se establece un procedimiento sancionador específico para los delitos y faltas electorales.

Celebramos que se haya alcanzado el consenso para aprobar esta ley y de esta forma avanzar en aquellos puntos claves que aseguren para las elecciones de este año un financiamiento de campañas más transparente, equitativo y bajo el escrutinio efectivo de la justicia electoral. Si además consideramos otras novedades como el debate presidencial obligatorio, la paridad de género en las listas legislativas y la agilización del escrutinio provisorio, podemos afirmar que en el proceso electoral que se inicia tendremos mejores elecciones que hace cuatro años.

(*) Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.