Buena parte de las fallas estructurales del complejo Centenario están volcadas detalladamente en el expediente de más de 30 cuerpos de una causa judicial iniciada a fines de los ’90 que insólitamente continúa abierta pero sin resolución ni sentencia.

La causa judicial contempla presuntos “vicios” en la construcción del complejo. Los vecinos -respaldados por informes técnicos- plantean junto a sus abogados que la estructura tuvo “gruesas fallas” desde su realización y aguardan resoluciones que permitan revertir el riesgo de derrumbe bajo el que viven.

Días atrás LA CAPITAL publicó un informe que refleja las insalubres condiciones de vida en este barrio-complejo delimitado por las calles Alvarado, Matheu, Chile y Bronzini, donde los problemas de infraestructura, la contaminación del agua, la basura, el riesgo eléctrico, el peligro generalizado y la falta de mantenimiento subyacen en cada rincón y conviven con serios problemas de vulnerabilidad social, junto una queja recurrente: la “ausencia” del Estado.

Idas y vueltas

A raíz de la publicación, la abogada Liliana Castañeira, quien representa a vecinos de casi 900 unidades funcionales del Centenario, planteó las idas y vueltas que ha tenido este proceso judicial iniciado en 1997. Aunque parezca insólito, la causa nunca se cerró y cumple este mes 22 años.

La letrada explicó que en noviembre de 1997 se inició un juicio por daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires por “vicios ocultos” en la construcción del complejo, donde viven unas 15.000 personas en casi 1.600 viviendas.

El expediente contempla, por ejemplo, informes de al menos cinco peritos, relevamientos de Obras Privadas y también de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Todos acreditan que “hubo una mala calidad en la ejecución de la obra y en los materiales utilizados”.

La causa estuvo a punto de llegar a una sentencia, pero el paso del tiempo, los cambios de gobierno y también de administraciones de los consorcios continúan demorando al día de hoy el proceso. De hecho, la causa iniciada en 1997 tendrá su siguiente audiencia el 19 de diciembre de este año.

“Cuando pasó a sentencia hubo cambio de gobierno, volvió para atrás y la Cámara ordenó que volvieran a dictar sentencia. La jueza del Juzgado N° 11 mandó a que el Instituto de la Vivienda informara qué deuda tenía cada una de las 1.600 viviendas. Pedimos que pase a sentencia y nos dio una audiencia de conciliación para que acudamos las partes el 19 de diciembre”, resumió la abogada Liliana Castañeira en diálogo con LA CAPITAL.

A su vez explicó que se encargó años atrás de “embargar fondos en concepto de astreintes por el incumplimiento de la Provincia, debido a la urgencia por derrumbe”.

Un juez ordenó medidas cautelares por el peligro para la integridad física de los habitantes del complejo, un barrio de trabajadores que con el tiempo fue deteriorado su calidad de vida y quedó invadido por construcciones ilegales y la proliferación del delito y la droga.

De aquella medida cautelar “se embargaron 15 millones de pesos” con los que “se hicieron parches, pequeñas reparaciones, hasta que salga la sentencia”. Luego, la Justicia le aplicó a la Provincia una multa diaria de 10.000 pesos “porque se le ordenaba que apuntalara la estructura del complejo y nunca lo hizo”, indicó la letrada.

Mal hecho

Si bien una parte de los vecinos del Centenario responsabiliza a los administradores del complejo por el abandono, la abogada, otro grupo de vecinos y la causa en general coinciden en que “no se trata de una desidia de los administradores”, sino que en realidad “todo está mal hecho”: cañerías con materiales de baja calidad, paredes con un revestimiento más fino del que debería y filtraciones y grietas como consecuencia de ello.

Las irregularidades se suman a los problemas con el tendido eléctrico, las cloacas, el agua, las paredes agrietadas y las soluciones atadas con alambre en cada rincón del complejo.

Investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Plata se ocuparon de estudiar pedazos del hormigón con el que está hecho el complejo y determinaron que existen “vicios” en la construcción.

El expediente incluye también, por ejemplo, una nota firmada por un ex administrador del Instituto Provincial de la Vivienda que admite el “peligro de derrumbe” en varios sectores y ordenó reparaciones “en no más de 30 días”. La prueba es del año 2003 y nunca se ejecutaron las obras.

— Embargo y fondos retenidos

En función de las medidas cautelares mencionadas, existen fondos retenidos. El año pasado, la abogada Liliana Castañeira y los administradores presentaron un escrito a través del cual solicitaron a la Provincia de Buenos Aires la posibilidad de retirar parte del dinero para ejecutar mejoras, en esa oportunidad en torno al tanque de agua.

Sin embargo, “hace tres o cuatro años que esa partida de dinero está paralizada” pese a que “los fondos les corresponden a los copropietarios”.

En una oportunidad tomó intervención en el expediente el Tesoro de la Nación “para averiguar por qué la Provincia estaba siendo embargada por 15 millones de pesos”, pero tampoco se logró avanzar por esa vía.

“Solicitamos que el Instituto de la Vivienda se haga cargo y arregle el complejo, pero no hubo caso. Ahora cambia el gobierno y lo seguiremos planteando, porque la gente tiene una necesidad terrible“, sostuvo Castañeira.

El próximo 19 de diciembre las partes volverán a coincidir en una nueva audiencia conciliatoria convocada por el Poder Judicial. La abogada destacó que el expediente, después de más de 20 años, “está listo para que se dicte sentencia” y junto a los vecinos, aguardan definiciones de la Justicia y de la nueva gestión del gobierno bonaerense.