El fiscal de Delitos Complejos Jorge Paolini pidió al Instituto Obra Médico Asistencial (Ioma) que informe si utilizaron los servicios de la obra social una veintena de personas que eran supuestos empleados del Astillero Río Santiago pero que no desempeñaban tareas y ni siquiera sabían que figuraban como parte de la planta de esa compañía estatal.

Para eso, el fiscal le remitió a la obra social de los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires un listado con las veinte personas que, según declaró ante la Justicia el ex titular del astillero Héctor Scavuzzo, nombró en la empresa a instancias de un pedido expreso del ex ministro de la Producción de la gestión sciolista, Cristian Breitenstein.

Se trata de la causa en la que se investiga una presunta defraudación millonaria con contratos de personas cuyos datos eran utilizados para el cobro de haberes, aunque no trabajaban ni sabían que figuraban como empleados del astillero.

Fuentes judiciales precisaron que el fiscal Paolini decidió librar el oficio para requerir esta información luego de la indagar al ex titular del Astillero Río Santiago, Héctor Scavuzzo, quien apuntó contra Breitenstein y aportó el listado de las 20 personas contratadas a su pedido en la compañía.

En su declaración, Scavuzzo afirmó que el ex ministro de la Producción bonaerense le había pedido que nombrara a esas personas en el Astillero, pero indicó que “nunca” supo “dónde trabajaban”.

A raíz de esas informaciones, Breitenstein, en un comunicado, negó terminamente la versión y manifestó sentirse “profundamente apenado” por el hecho de que, “cuatro años después de iniciada una investigación y a un año de dejar la función pública”, se lo involucre en una causa en la que -sostuvo- “nada” tiene que ver.

Scavuzzo está imputado como autor penalmente responsable del delito de peculado por hechos ocurridos entre enero de 2012 y diciembre de 2013 en el Astillero Río Santiago, vinculados con la incorporación de unos 90 contratados.

Las personas que figuraban en tales contratos no estaban al tanto de esos pagos ni percibieron esas sumas y desde la fiscalía dijeron que tienen por probado el delito, y afirmaron que se cobraron un total de 16 millones de pesos utilizando esta modalidad.

Por este caso, en marzo pasado, el juez de garantías, Fernando Mateos ordenó la libertad bajo caución a seis acusados, entre los que estaban el ex secretario de Turismo de Mar del Plata, Emiliano Giri.