por Guillermo Castello

La semana pasada los marplatenses fuimos testigos de un hecho político de lamentables consecuencias, todavía no muy visibles.

El Concejo Deliberante de General Pueyrredon, por amplia mayoría, y con el único voto negativo de la Concejal de la Coalición Cívica, le dio la espalda al pueblo que debe representar, aprobando en 24 horas, sin ningún debate, una ordenanza conocida como “anti-Uber”, que no es más que un traje a medida para taxistas y remiseros y que perjudica notoriamente a consumidores, desempleados y trabajadores.

La ordenanza, votada bajo la desembozada presión callejera de los gremios de taxistas y remises, establece una serie de sanciones de inusitada gravedad para todos aquellos que quieran trabajar transportando en vehículos particulares a pasajeros que previamente los contactan mediante alguna aplicación digital, la más conocida de las cuales es la de la empresa Uber.

La ordenanza constituye una palmaria violación de derechos constitucionales para dos grandes universos de ciudadanos: los consumidores y todos aquellos que quieren generar o complementar sus ingresos.

La libertad de trabajar

Respecto de los trabajadores, mientras que Mar del Plata exhibe cifras alarmantes de desocupación, situándose en el segundo puesto en el ranking nacional (11,8%), y que además cuenta con 52.000 sub ocupados, los miles de choferes que se anotaron para trabajar en estas plataformas electrónicas se verán privados de una salida laboral concreta que les permita generar ingresos a desempleados, estudiantes universitarios, amas de casa, etc. o complementarlos a jubilados, autónomos y empleados en general. Seguramente, ni el Intendente, ni el Concejo Deliberante han reparado en que para todos ellos constituye una excelente oportunidad económica en la medida que les permite trabajar eligiendo con absoluta libertad los días y horas en que quieren hacerlo, a la vez que se convierten en sujeto de crédito dado que la totalidad de sus ingresos es en blanco.

La política marplatense seguramente tampoco advirtió la faceta revolucionaria de estas aplicaciones tecnológicas, sobre todo para los peones de taxi, ya que les permite convertir un bien de uso diario o de consumo (su auto particular) en un bien de capital y fuente de ingresos. Las aplicaciones de la economía colaborativa (Mercado Libre, Pedidos Ya, De Motores, Airbnb, etc) crean capital productivo y crean nuevos emprendedores. Dan a los más pobres la oportunidad de ser dueños de su tiempo y del fruto de su trabajo; le otorgan la posibilidad de dejar de trabajar para otro y comenzar a trabajar para sí. En este sentido, son un instrumento democratizador y progresista.

Son incoherentes los partidos políticos que históricamente han denunciado la injusticia de que los trabajadores entreguen su fuerza de trabajo a los capitalistas, ahora dicten leyes para prohibir estas innovaciones que les permitirían convertirse, a ellos, en pequeños capitalistas.

La libertad de elegir

El segundo aspecto, negado también por la corporación política en la penosa sesión del deliberativo marplatense, es mucho más profundo, y atañe al derecho de los individuos a poder elegir.

La política no parece comprender que el servicio que prestan estas compañías tecnológicas lo está eligiendo masivamente la gente: en Argentina hay 5 millones de potenciales usuarios que bajaron la aplicación a su teléfono celular y 120.000 choferes que se han registrado en sólo una de esas empresas de redes de transporte. En General Pueyrredon, estas cifras ascienden a 80.000 usuarios y 14.000 choferes.

¿Por que las autoridades políticas están dejando afuera del debate a los consumidores, que son los que más se beneficiarán por el incremento de su salario real que se producirá al poder viajar más barato?

Es inexplicable que haya miles de ciudadanos que encuentran en ese servicio de intermediación una enorme utilidad, y que quieren usarlo, y al mismo tiempo haya autoridades, ancladas en el pasado, que la prohiban.

Hay que proteger al consumidor del mayor peligro: el monopolio. La protección más eficaz es la libre competencia, a la que deberían someterse, como todo el mundo, los taxis y los remises. La competencia y las ofertas alternativas protegen al usuario mucho mejor que cualquier política gubernamental.

Creemos que la competencia debe ser leal y justa. Por eso en nuestro proyecto de ley les exigimos a las empresas de redes de transporte que establezcan su domicilio en la provincia, que sus conductores tengan licencia profesional, que presenten certificados de antecedentes penales, que sean responsables impositivos por la actividad que generen, y que sus vehículos tengan seguro de transporte de pasajeros y la VTV al día. Es decir, les exigimos los mismos requisitos que hoy deben afrontar los taxistas y remises.

Seamos claros: la prohibición no soluciona el problema del transporte en Mar del Plata, ni impedirá la irrupción de las nuevas tecnologías. Prohibir es el camino fácil y útil para patear la cuestión para más adelante y evitar el enfrentamiento con los gremios del taxi, única razón por la cual el cuerpo legislativo se sometió tan indignamente ante una corporación, aprobando una legislación a medida en 24 horas.

Resulta humanamente comprensible la reacción de un gremio que ve amenazado un mercado que tuvo amurallado toda la vida, pero la dirigencia política debe velar por los intereses generales de la comunidad y no por los particulares de un sector, mucho menos cuando ello implica privar de opciones al consumidor y de salida laboral a miles de personas, entre ellas los mismísimos peones de taxis. No hay razón filosófica, moral, constitucional ni social para proteger a un sector en perjuicio del resto de la comunidad.

Los dirigentes políticos, y particularmente los legisladores, debemos pensar en el interés general y no en uno sectorial. Debemos legislar para la comunidad y no para las corporaciones.

Evidentemente, nuestros concejales no lo han hecho.

(*): Diputado provincial por Cambiemos.