La llegada de la empresa Uber al país ha disparado una fuerte polémica que merece algunas precisiones.

Recordemos brevemente que dicha empresa ofrece, básicamente, la posibilidad de contactar a conductores de automóviles particulares con posibles pasajeros, brindando un servicio similar al de los taxis, lo que ha generado una fuerte oposición por parte de los taxistas.

Dicha oposición, basada casi exclusivamente en el temor a la presunta pérdida de empleo que generaría en los sectores afectados, lleva a enfocar erróneamente la cuestión en el supuesto dilema “Uber si vs. Uber no”, desatendiendo el principal de los factores a considerar: el derecho de los consumidores.

Es así que la irrupción de Uber tiene una arista casi pedagógica cuando visibiliza las consecuencias de un estatismo hiperregulador, la estructura esencialmente corporativa de nuestra economía con las consecuentes prebendas sectoriales y un proteccionismo que no sólo es privilegio de grandes industriales. Todos estos fenómenos consagran una ineficiencia y encarecimiento que son ya marca registrada en nuestros servicios.

Suele decirse que las cosas se valoran cuando se pierden y eso ha ocurrido con la libertad de elegir el transporte a contratar y el precio a pagar ante la aparición de Uber.

Pudimos ver también que la concesión de prerrogativas a ciertos agentes económicos por encima de la libertad de los consumidores promueve la violencia en la defensa de los privilegios por parte de quienes gozan de los mismos con un notorio desdén de los afectados por sus congéneres.

A ello lleva el estatismo hiperregulador: prebendas, ineficacia, encarecimiento e inmovilismo en detrimento de la eficacia, la competencia, el abaratamiento y, sobre todo, la libertad.

En efecto, ni la regulación específica vigente ni la ausencia de la misma pueden ser argumentos para privar a la sociedad del derecho a elegir el servicio que quieren contratar. Menos aún si ello implica un incremento en su poder adquisitivo.

El atendible argumento de que numerosos taxistas y remiseros podrían quedar sin trabajo, aún pareciendo prematuro y quizás exagerado, no puede constituirse en una prohibición o incluso una restricción a la libertad de elección y la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, conforme lo garantiza el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional.

La libertad de elegir debe ser un principio rector en la formulación de toda política pública.

Por otro lado, como siempre que surge un nuevo servicio en el mercado, naturalmente se crearán nuevos puestos de trabajo (en este caso, los conductores seleccionados por la empresa), lo que desmiente que se pierdan fuentes de trabajo. Más aún, los propios taxistas podrían ser conductores de Uber, como de hecho ocurre en otras ciudades del mundo. De esa manera podrían conseguir pasajeros de la calle, de la radio y ahora de Uber.

Además de nuevas fuentes de trabajo, al ser el servicio más barato, se agranda la torta al incorporarse nuevos usuarios que en la actualidad no pueden o no están dispuestos a abonar los precios de los taxis.

Adicionalmente el Estado se beneficiaría de dicho servicio ya que los viajes se pagan con tarjetas de crédito o débito, de manera que todos los pagos se realizan dentro de la economía formal.

Debe señalarse también que el menor costo del servicio liberará recursos que se destinarán a otras actividades, incrementando así indirectamente el trabajo en otras áreas.

Finalmente, un dato no menor es que en otras ciudades del mundo donde funciona Uber se ha detectado una disminución de la cantidad de autos circulando, como consecuencia de la gente que decide trasladarse por este medio.

Inevitablemente el fenómeno obliga a levantar la mirada y comprender que no estamos ante un mero desembarco empresario sino ante una nueva modalidad en la prestación de servicios, producto del progreso de las nuevas tecnologías, ya que Uber no es una empresa de transporte (de hecho no tiene vehículos), sino una aplicación que conecta las partes interesadas. A tal punto esto es así que hace ya tiempo se habla de la “uberización” de la economía por los múltiples casos en que una aplicación conecta a los contratantes en rubros tan diversos como el alojamiento, el financiamiento particular, el delivery de comidas, el cuidado de mascotas, la compraventa de cosas usadas, entre otros.

Resulta claro así que nos encontramos ante una nueva era en la prestación de servicios, producto del incesante avance del progreso humano que implica desafíos de índole más cultural que económica, a los que sin duda debemos dar la bienvenida.

En este marco los dirigentes políticos estamos para evaluar las mejores opciones para la ciudadanía en su conjunto por sobre reclamos que, por atendibles que sean, no dejan de representar sólo un sector, escogiendo aquellas que brinden tanta libertad como sea posible.