El Gobierno avanzó con la intervención de otras dos obras sociales sindicales tras detectar irregularidades en su funcionamiento, mediante las Resoluciones 1999/2024 y 2000/2024 publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

La decisión afecta a la Obra Social de Vareadores (OSV) y la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), en las cuales se designó a Alberto José Curci Castro y a Martín Esteban Gutiérrez, respectivamente, como Administradores Provisorios.

La medida se extenderá hasta cuando lo considere necesario el Poder Ejecutivo y establece que los resultados de la tarea encomendada deberán ser reportados periódicamente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

La intervención de la obra social de los vareadores de caballos se dispuso tras la realización de una auditoría en la que se comprobó una serie de incumplimientos e irregularidades de distinto tipo que “son de tal magnitud que interfieren en el normal funcionamiento”, según precisó la resolución.

Entre las mencionadas está la falta de presentación de la documentación respaldatoria para la solicitud de prestaciones para las personas con discapacidad, la ausencia de equipos interdisciplinarios para la evaluación y seguimiento de los tratamientos de discapacidad, salud mental y adicciones, la no realización de auditorías en terreno a prestadores y las deficiencias de control interno por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones.

En ese sentido, el texto oficial puntualizó que “la falta de acceso a la documentación de pagos, como así también el atraso existente en las registraciones contables, impidieron concluir respecto a si se efectúa un correcto devengamiento de los pasivos por prestaciones médico-asistenciales”.

Asimismo, se observó la falta de registro de presentación del Plan Médico Asistencial para el año en curso señalando que la obra social “no realiza auditorías de terreno; no desarrolla programas preventivos y no realiza campañas de vacunación; y que no posee un vademécum propio y la medicación de alto costo es provista por diferentes droguerías por compra directa, entregando la medicación a los afiliados en forma directa”.

En cuanto a la entidad que brinda cobertura a los trabajadores del mosaico, la intervención se debe a que “no realiza seguimiento ni auditoría a los beneficiarios que no son propios de su actividad, que adeuda una importante cantidad de presentaciones de los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF) y de los Estados Financieros Discapacidad (EFD)”.

De acuerdo a la SSS, “la información brindada por la Obra Social resultó ser parcial, incompleta e informal, presentando discrepancias con datos brindados a otras áreas de este Organismo”.

Además, se detectó que el agente de salud no cuenta con equipos interdisciplinarios de discapacidad, de salud mental ni con protocolo IVE, mientras que también “observa graves incumplimientos en el procedimiento de gestión de reclamos, ausencia de respuesta, autorización de prestaciones y contacto con los beneficiarios”.

Al mismo tiempo, no contaba con un cartilla médica prestacional actualizada, y se registró la existencia de varios contratos de prestaciones médico asistenciales con prestadores que no se encontraban inscriptos como RED en el Registro Nacional de Prestadores.