La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) expresó su firme rechazo al Decreto 832/24, recientemente publicado, que reglamenta la Ley N° 24.653 de Transporte Automotor de Cargas en la Argentina.

“Esta medida, lejos de reducir los costos operativos como asegura el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pone en grave riesgo la seguridad vial y fomenta prácticas que podrían incrementar la siniestralidad en las rutas del país”, señaló.

“Es una irresponsabilidad pensar que eliminar la obligatoriedad de la capacitación y el examen psicofísico hará más competitivo al sector. Lo único que logra es generar más inseguridad en rutas que ya están destruidas. Este decreto no baja costos, sólo aumenta los riesgos. La seguridad vial debe ser la prioridad, no una moneda de cambio en un juego de falsa austeridad”, manifestó Roberto Rivero, director ejecutivo de la entidad.

“El texto y los considerandos de la norma dejan en claro que este cambio no está vinculado a la reducción de costos en el sector. Los únicos que estarán contentos con esta medida son los que buscan evadir responsabilidades, el ‘truchaje’ del transporte de carga, aquellos que siempre encuentran un recoveco para no cumplir lo que corresponde”, comentó a continuación.

“Contrario a las afirmaciones oficiales, el decreto no representa una disminución significativa en los costos del sector. En lugar de esto, abre la puerta para que transportistas irresponsables eludan los requisitos esenciales, como la capacitación de los choferes y la realización de los exámenes psicofísicos, elementos clave para asegurar que los conductores estén debidamente capacitados”, consideró la entidad.

Al respecto, agregó: “Lo más grave es que esta medida es una trompada a la seguridad vial. Al permitir que la capacitación y el examen psicofísico sean voluntarias, se incrementará la siniestralidad y, por lo tanto, el costo de las pólizas de seguro. Es una actuación inconveniente que sólo vende bien para el sector informal”.

“La Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (Linti) –denominada de manera imprecisa e inexacta como “el registro de Moyano”– tiene dos componentes esenciales: el examen psicofísico y la capacitación teórico- práctica de los conductores”, apuntó la Fadeeac.

La evaluación psicofísica se realiza en cualquier institución de salud habilitada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la capacitación teórico-práctica está a cargo de formadores de las cámaras empresarias del transporte que integran diferentes federaciones.

En el caso de la Fadeeac, por medio de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), los cursos se dictan en 89 unidades evaluadoras distribuidas en todo el país y en la sede de Escobar. El sistema cuenta con más de 200 aulas-taller y más de 230 formadores que desde 1992 han dictado más de cuatro millones de capacitaciones de diferentes tipos, con simuladores de camión de última tecnología y desarrollo propio cuyo conocimiento se exporta a países de Latinoamérica.

“Este sistema ha sido clave para garantizar que los conductores estén preparados para enfrentar los desafíos de una actividad en constante cambio”, indicó la federación, e hizo “un llamado al Gobierno para que enfoque sus esfuerzos en resolver los problemas que realmente afectan los costos del transporte”.

Para la entidad, “en lugar de preocuparse por eliminar la capacitación, cuyo costo representa sólo el 0,3% del salario anual de un chofer, el ministro debería enfocarse en eliminar la duplicidad de certificaciones cuando un transportista decide colocar o cambiar un tanque de combustible u otros cambios, certificaciones dispuestas por la Disposición 1/2022 de la Subsecretaria de Transporte Automotor, que arrancan en $ 250.000 o $ 300.000 dependiendo de la jurisdicción; el costo de las multas por acarreo -que hoy ascienden a $600.000- y los exorbitantes aumentos en los peajes de los corredores viales, que en lo que va del año tuvieron un incremento de 300% con rutas en pésimo estado”.