La Fiscalía de Delitos Culposos avanza en la investigación por las muertes de Agustina Ferro (35) y su hija Indiana (3), quienes fueron aplastadas el sábado a la tarde por los escombros de balcones que se desmoronaron de un edificio de Punta Mogotes.

El fiscal Pablo Cistoldi aún no imputó a ninguna persona por el incidente y explicó que desde la Fiscalía de Delitos Culposos trabajan para determinar el “grado de responsabilidad” que pudiera existir y que, ante una situación como esta, solo el administrador del edificio de Puán y Acevedo podría estar ligado al hecho. “Hay que tener en cuenta que el arquitecto, o quien lo haya construido, lo hizo hace unos 50 años”, agregó.

El administrador del edificio se llama Jorge Bianchi, de 58 años, que está a cargo del consorcio desde hace unos 20 años. Bianchi, si bien no está imputado, fue notificado de que está investigado en la causa y desde la fiscalía le leyeron sus derechos y le explicaron que puede por un defensor para que asegure sus garantías durante el proceso.

Esta “lectura de derechos” no es una imputación propiamente dicha como la que figura en el artículo 308 del Código Penal, en el que se relata al imputado la hipótesis acusatoria y se le da la oportunidad de hacer su declaración de descargo. Pero, en estos episodios en los que todavía se delimitan las responsabilidad, es una suerte de paso intermedio.

“Es una medida de garantía, en esta situación provisoria, para que controle el resultado de la investigación”, explicó Cistoldi sobre la situación de Bianchi.

Por su parte, Jorge Bianchi, en diálogo con LA CAPITAL dijo que ya está “completando todos los requerimientos de la Municipalidad en cuanto al expediente del edificio”. Al ser consultado sobre su situación judicial y específicamente sobre la tragedia ocurrida, prefirió no hablar, alegando estar “muy ocupado”.

Pericias para explicar una tragedia

El fiscal Cistoldi ordenó una batería de pericias para responder a las primeras preguntas fundamentales que surgieron a raíz de la tragedia: cómo sucedió, por qué se produjo, cuáles fueron las causas del derrumbe y, sobre todo, si alguna mano humano tiene responsabilidad para imputarle el delito.

Cistoldi informó a LA CAPITAL que solicitó a la Municipalidad el legajo de obras privadas del edificio, su expediente de construcción, si tuvo alguna infracción en el pasado, alguna multa y si estuvo sometido a algún tipo de refracción estructural.

Además de los pedidos al municipio, el fiscal también encargó la realización de pericias de siniestralidad de seguridad a expertos de seguridad e higiene.

Otros elementos importantes para los investigadores serán los testimonios de las personas que viven en el edificio, si tenían conocimientos de desprendimientos anteriores, si había alguna rajadura en el techo advertida por el consorcio o si existió cualquier tipo de evento anterior que pudo haber alertado de una situación como la ocurrida el sábado, que cobró las vidas de una mujer de 35 años y de su hija de 3.

“La sociedad en su conjunto, la Municipalidad y los actores judiciales tenemos que generar conciencia de vigilancia en edificios que ya cumplen cierta cantidad de años y que, sumados a la corrosión por el salitre, representan un riesgo latente de derrumbe”, concluyo el fiscal Cistoldi.