A ocho años de la Tragedia de Once, familiares de las víctimas y sobrevivientes recordaron hoy a los fallecidos y heridos y reclamaron a la Corte Suprema que ratifique las condenas, al tiempo que subrayaron que los ex funcionarios detenidos “no son presos políticos, sino delincuentes comunes”.

A las 8.32, hora en que la formación del Tren Sarmiento chocó contra la estación, sonaron las sirenas de los bomberos, para homenajear a las 52 víctimas.

Sin banderas políticas, los familiares llevaron remeras y carteles con imágenes de sus seres queridos y con el pedido de “justicia” vigente, ya que pese a que se produjo el juicio aún debe expedirse la Corte Suprema para que las condenas queden firmes en todas las instancias judiciales.

“Tras la presentación de la defensa de los convictos del recurso extraordinario ante la Corte Suprema e Justicia, estamos esperando la decisión final del supremo tribunal. Nuestra confianza en la Justicia se mantiene, pero tenemos todo el derecho a interpelarlos acerca de los tiempos”, sostuvieron los familiares a través de la lectura de un documento.

Y agregaron: “Es cierto que la ausencia de plazos para expedirse es una prerrogativa de las más altas autoridades del Poder Judicial, pero esa extensión en las definiciones se hace ansiedad, enfermedad, daños de todo tipo. Siempre vamos a gritar a quien nos escuche: `Justicia lenta no es justicia”.

En ese sentido, advirtieron que “la dilación es la que abona el negacionismo sobre las responsabilidades, el paso del tiempo también cimienta el discurso del preso político y del perseguido por razones ideológicas y que la tardanza genera daños no menores”.

A la vez, los familiares de las víctimas y sobrevivientes se quejaron de que “abundan los pedidos de prisión domiciliaria” y, aunque reconocieron que en algunos casos corresponde otorgar el beneficio, plantearon que varios detenidos “buscan subterfugios de lo más inverosímiles para poder purgar su condena en sus casas”.

“Si estuvieran presos por cuestiones políticas, harían sus presentaciones en ese sentido y en realidad lo hacen como si padeciesen patologías que deben ser tratadas de manera domiciliaria. No son otra cosa que delincuentes comunes, nunca presos políticos”, lanzaron, en alusión al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

También acusaron de llevar adelante una “acción perversa e inacción voluntaria” tanto a los ex funcionarios como a los empresarios involucrados.

“No creemos en las reconciliaciones, ni en el perdón, ni el olvido de las acciones de quienes nos han destrozado la vida, pero si hubiese un camino, ése debería ser el reconocimiento por parte del Estado argentino de su demostrada responsabilidad en lo sucedido. Lejos de eso, el negacionismo sigue reinando en los discursos públicos de dirigentes que hoy ejercen cargos centrales en diferentes poderes del Estado”, manifestaron, tras destacar los “fallos absolutamente históricos” que se dieron en las causas judiciales.

La Tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando una formación del Tren Sarmiento impactó contra uno de los andenes de la concurrida estación del barrio porteño de Balvanera: 52 personas murieron y casi 800 resultaron heridas.

Por el hecho fueron condenados 21 personas, entre las que se destacan el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el dueño de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Cirigliano; directivos de la firma; y el maquinista Marcos Antonio Córdoba.

Actualmente, nueve se encuentran en la cárcel, siete fueron beneficiados con la prisión domiciliaria y cinco en libertad.