Trabajadoras sexuales volvieron a pronunciarse este miércoles contra la ordenanza de la Zona Roja, que empezó a regir el sábado, y cuestionaron tanto al intendente como al Frente de Todos y a dependencias municipales, provinciales y nacionales.

En un comunicado, la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual aseguró que tanto el Ministerio de Género como las subsecretarías de la Mujer y Derechos Humanos no están “brindando ayuda” ni “se han acercado” a las afectadas por la norma.

Si bien el Frente de Todos votó en contra de la ordenanza, las trabajadoras sostuvieron que los ediles de ese espacio político “acompañaron la elaboración y puesta en marcha”.

La medida en cuestión establece que solo se permite la oferta y demanda de sexo en la vía pública en la avenida 10 de febrero, en el sudoeste de la ciudad, y no en los lugares en que esa práctica se desarrollaba habitualmente, como las zonas de Luro y Champagnat y la vieja terminal.

“La política en su conjunto se sacó el tema de encima, delegando al intendente la definición del lugar. Por esto nos vemos en la necesidad de manifestar nuestro repudio al HCD de General Pueyrredon, al Ministerio de Género de Nación y Provincia, la Secretaría de la Mujer de General Pueyrredon y la Secretaría de Políticas de Diversidad, perteneciente a la provincia de Buenos Aires”, lanzaron las trabajadoras.

Al mismo tiempo, alertaron sobre “la responsabilidad política y social que esto acarrea”, ante la posibilidad de que las fuerzas de seguridad “abusen” de quienes están en la calle. “Son nuestros cuerpos los que están en verdadero compromiso”, indicaron.

“Señor intendente Montenegro: nosotras necesitamos trabajar. Usted está ignorando esta situación. Con esta postura nos solo está promoviendo la persecución de nuestras identidades trans, sino también le está quitando la posibilidad de llevar comida a su casa y tener una vida medianamente digna”, agregaron.

También indicaron que si la intención es “atacar el narcotráfico”, el jefe comunal debería “buscar más arriba”. “Usted, como parte del Estado argentino, tiene la obligación de resguardar la seguridad de nuestras vidas; si alguna travesti trans o mujer cis es agredida, es el mayor responsable político”, añadieron.