El Tribunal Oral N° 3 aceptó que dos particulares damnificados se sumaran como querellas en el marco de la causa por el incendio de la distribuidora Torres y Liva, que destruyó decenas de viviendas, a pesar de que los tiempos procesales habían vencido.

El juez Juan Manuel Sueyro, si bien aceptó que dos víctimas, patrocinadas por el abogado Sergio Ortega Sosa pudieran ser tenidos en cuenta como querella, resolvió no permitirles aportar nueva prueba a la causa.

Es que, el abogado Sosa Ortega, aseguraba contar con pericias técnicas que contradecían con la investigación realizada por el fiscal Juan Pablo Lódola y que ponían en tela de juicio la autoría del único imputado, Gustavo Arrativel.

“Darle posibilidad de ofrecer pruebas al nuevo particular damnificado significa retroceder la causa a un estado procesal ya precluido, afectando el interés del Estado en la administración de justicia y al resto de las partes”, expresó el juez Sueyro en su resolución y agregó: “No corresponde que ofrezcan prueba, porque el código lo dice y porque así lo impone el juego armónico de sus derechos con el de los demás, con el de los otros particulares damnificados y, fundamentalmente, con el de Gustavo Arrativel, porque tiene derecho a un proceso sin demoras”.

El juicio, de una única audiencia, estaba programado para el 11 de junio y no se iba a cuestionar la culpabilidad de Arrativel, ya que tanto el fiscal Juan Pablo Lódola y la defensora Victoria Sosa no tienen dudas al respecto. La audiencia tenía como objeto dictar la inimputabilidad de Arrativel y las medidas de seguridad que deben tomar, como ser la internación del hombre en un psiquiátrico.