El último trimestre del año comenzó con buenas noticias para el gobierno.

El auspicioso aumento de la recaudación que mostró una importante recuperación de los niveles de consumo de los sectores de mayores ingresos, trajo alivio a la Casa Rosada.

La recuperación del consumo, de la actividad industrial y en menor medida del empleo apaciguó los ánimos de propios y extraños. Los aumentos en la cantidad de compras de inmuebles y de automóviles dibujaron un panorama similar al de los últimos años del kirchnerismo.

En efecto, la adquisición de inmuebles y de vehículos fomentada por una política crediticia irresponsable, no hace más que ratificar la necesidad de la población de intentar poner a resguardo los ahorros frente a la inflación.

La temeraria maniobra es compartida desde ambos lados del mostrador. Desde el Estado se otorgan créditos ajustables por inflación más un costo financiero que supera largamente las posibilidades de repago de muchas familias.

Al mismo tiempo, el Banco Central está obligado a pagar una tasa de casi el 27 por ciento por su deuda en LEBAC, para mantener limitada la inflación, en una operación cuyo costo supera largamente al de los créditos hipotecarios.

Dicho de otra manera, el Estado se endeuda a una tasa superior a la que otorga los créditos hipotecarios, liderados por los bancos públicos.

Todo esto en un contexto de inflación a la baja, virtualmente achatada por un retraso del tipo de cambio. Pero ¿qué ocurriría si la inflación se acelera porque el gasto público requiere de mayor financiación o si el tipo de cambio aumenta producto del deterioro de los términos de intercambio?

No es un escenario lejano. El gobierno depende exclusivamente del ahorro externo para paliar el déficit fiscal y las exportaciones se están derrumbando mes tras mes.

Los efectos devastadores de las inundaciones sobre la Pampa Húmeda traen no sólo pérdidas para los productores sino también menores saldos exportables, lo que se traduce en menores ingresos de divisas.

El gradualismo apenas logró con muchísimo esfuerzo de la población, un importante ajuste del sector privado y un fenomenal endeudamiento, volver al PBI de fines de 2015, dejando indemne las causas que provocan el déficit fiscal, la emisión monetaria y de deuda y la inflación.

La política gradualista no generó una baja del gasto público. Por el contrario, el gasto público aumentó y eso requiere de más oxígeno financiero.

Hay señales de alerta que la administración Macri debiera prestar atención.

La Reserva Federal ya anunció que los ajustes de la tasa de interés de referencia se van a acelerar junto con una reducción de su política de recompra de activos tóxicos.

De la misma manera se pronunció el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi.

La reforma fiscal presentada por el Presidente Trump -bajando alícuotas de ganancias para empresas y personas-, implica que la Casa Blanca va a necesitar más dólares para financiar su propio déficit.

Esto va a convertir a los Estados Unidos en un polo de atracción de capitales a muy corto plazo, complicando la situación de aquellos países que dependen del crédito externo.

El gradualismo es insuficiente. Las reformas anunciadas por el gobierno en el terreno laboral, impositivo y previsional son versiones edulcoradas para lo que requiere la economía y lo que esperan los inversores. Para los empresarios, el triunfo electoral es un hecho y ahora esperan decisiones de fondo. Los cambios prometidos por

Macri. Si en un año, la administración Cambiemos no aplica políticas que bajen el gasto público, la presión tributaria y el costo laboral, la paciencia y el crédito externo pueden mostrar signos de agotamiento.

DyN.