La presidenta del bloque de Senadores bonaerenses, María Teresa García, aseveró hoy que le genera “tranquilidad que se haya hecho público que el PRO tuvo aportantes truchos” durante la campaña electoral de 2017 en la provincia de Buenos Aires, y consideró que la pena para los responsables de esa maniobra debería ser la “inhabilitación para ejercer cargos públicos”.

En declaraciones formuladas a radio Provincia, la legisladora se refirió a la decisión de la Cámara Nacional Electoral adelantada ayer por Télam, en la que se confirmó la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla que había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) desarrolló en territorio bonaerense para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, cuando María Eugenia Vidal gobernaba el distrito.

“Es auspicioso que esto se haga público y que se intervenga en la definición de esta causa, pero la sanción es una multa al PRO, cuando la causa era mucho más compleja. Hice una denuncia penal y entre las consecuencias de violar la Ley de Partidos Políticos es la inhabilitación de ocupar cargos públicos”, señaló García.

La legisladora sostuvo que “ante la violación de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos la sanción es muy dura porque ello da cuenta de que se blanqueó dinero”.

Por eso, para García, “la carga debería ser la inhabilitación para ocupar cargos públicos, algo que en este caso no ocurrió”.

“Vidal era la presidenta del partido en la provincia de Buenos Aires y María Fernanda Inza era la contadora. Por intermedio del procurador Julio Conte Grand se logró que la causa se dividiera en dos, por lo cual la sanción es netamente económica y no penal”, aseveró García.

Recordó que, en aquel momento, ella y sus abogados insistieron “para que la causa permaneciera toda junta en La Plata, pero no se logró”.

García añadió que su denuncia se basó en centenares de testimonios de personas que se acercaron a su despacho “a dar cuenta de que jamás habían aportado al PRO” para la campaña electoral de 2017.

“Se violó no sólo la Ley de Partidos Políticos, sino la de hábeas data porque afiliaron gente robando sus datos desde los datos de Anses y la hicieron aportante trucha”, subrayó la senadora provincial.

No obstante, García ponderó la tarea que realizaron el juez Alejo Ramos Padilla y la Cámara Electoral, que demostraron que “el hecho existió”.

En ese marco, dijo que le gustaría saber “quiénes, en verdad, financiaron aquella campaña”, pidió imaginar “que un candidato a gobernador del peronismo hubiera tenido una conducta como la que se comprobó”.

“Todavía estaríamos en las tapas de los diarios por un delito de estas características, que tiene que ver con lavado de dinero y falsear identidad de la gente. La señora (Vidal) se pasea por la calle tranquilamente y hasta dice que será candidata. Si la vara no es la misma, debemos hacerlo público para que la sociedad comprenda de qué hablamos”.

En febrero de 2022, Ramos Padilla desaprobó los gastos de campaña electoral de Vidal y sancionó con multas a los espacios que conformaron la alianza Cambemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.

Ayer, el máximo tribunal electoral confirmó la sentencia del magistrado, que había sido apelada por Juntos por el Cambio (JxC) y dispuso que se tramiten “las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes del Código Electoral Nacional”.

Además, la Cámara Nacional Electoral ratificó que se debía “sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos como integrantes de la alianza” y dispuso que se investigara a los eventuales responsables de las “numerosas irregularidades” detectadas.