Viernes,22 de Noviembre de 2024
Al concluir un extenso alegato, el fiscal Pablo Ouviña sostuvo que se comprobó durante el debate los roles que los dos acusados tuvieron en Mar del Plata dentro de la asociación ilícita enmascarada en la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria. A Eduardo Ullúa le adjudicó ocho homicidios.
Por mayoría, el Tribunal Federal N° 1 de La Plata consideró que el represor recibe intramuros “tratamiento médico adecuado” y recordó su recuperación reciente de la enfermedad de COVID-19. La decisión fue adoptada en la causa “Circuito Camps”. El domicilio fijado por el genocida era en Mar del Plata.
Lo resolvió el Tribunal Oral Federal. El condenado por delitos de lesa humanidad había solicitado el beneficio debido a que se contagió coronavirus.
Los delitos puestos en debate a lo largo de este juicio, que comenzó hace dos años, fueron perpetrados en la llamada "Suzona 15", una área de operaciones de las fuerzas de la represión con eje en la ciudad de Mar del Plata y sus alrededores.
Hay cinco los imputados por asociación ilícita, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y homicidios en el marco del terrorismo de Estado. Entre los casos juzgados, están los abogados desaparecidos en la denominada “Noche de las Corbatas”.
Carlos Petroni relató la noche de 1974 en la que lo quisieron matar y señaló a los imputados, Eduardo Salvador Ullúa y Oscar Héctor Corres, como partícipes de ese operativo.
Allí funcionaba la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM). Tres exdetenidos volvieron a la sala donde estuvieron secuestrados y encapuchados por distintos periodos de tiempo, acompañados por los jueces, fiscales y defensas.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria adelantaron que apelarán a la decisión de la jueza federal Alicia Vence que rechazó la causa por crímenes de lesa humanidad del fiscal general de Mar del Plata.
El Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal N° 2 de San Martín rechazó la causa por por crímenes de lesa humanidad por considerar que el fiscal Fernández Garello no tuvo vinculación en las desapariciones de Jorge Oscar Bulacios y Ana María Martínez.
El Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad. De efectivizarse podría pasar sus días en su casa del Bosque Peralta Ramos.
