Martes,26 de Noviembre de 2024
La mujer de 34 años había sido detenida en diciembre de 2020 cuando acudió a la delegación local de la Dirección Nacional de Migraciones con la intención de tramitar su residencia, oportunidad en la se advirtió la existencia de una orden de captura de Interpol en su contra.
En esta segunda etapa hay personas imputadas en carácter de miembros de la asociación ilícita y beneficiarias de los trámites previsionales fraudulentos. Se investigan más de 370 hechos. Otras 13 personas, entre las cuales se encuentran los acusados de liderar la organización, están a la espera del juicio oral y público.
El hecho ocurrió en la zona de Misiones y San Lorenzo, y el sospechoso debió ser trasladado al HIGA en calidad de detenido. Mientras tanto, en otros sectores de la ciudad se llevan a cabo otros procedimientos en el marco de la misma causa en la que interviene la Justicia Federal.
El hombre, un empleado municipal de Mar Chiquita, fue detenido en abril pasado por esclavizar a una inmigrante y abusar sexualmente de ella, tras costear su viaje al país desde Venezuela. Ahora, otra mujer, compatriota de la víctima, lo denunció por haber hecho lo mismo con ella en 2018.
Tiene 27 años y firmó el documento, lo cual es permitido por el nuevo Código Civil. Es patrocinada por su padre abogado y, como sufre una cardiopatía, se la considera "persona de riesgo". El caso debe ser analizado por la Justicia Federal y podría sentar un precedente para otros ciudadanos en su misma condición.
Ocurrió en plena madrugada en San Martín y Mariano Acosta. Los aprehendidos tienen 25 y 30 años. El año pasado se había iniciado una causa en la Justicia Federal por el robo masivo de cables para extraer cobre.
Lo hizo el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Alberto Assef. Además, solicitó medidas cautelares para que el gobierno bonaerense se abstenga de ejecutar o permitir cualquier protocolo, reglamento o disposición referida a la interrupción voluntaria del embarazo.
Se estableció que los acusados habrían aprovechado la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los trabajadores del lugar que se hizo famoso como "El Frutillar". Lo dispuso el juez Santiago Inchausti, que también ordenó embargos por 50 millones de pesos y dictó la falta de mérito respecto de tres capataces.
La denuncia de un empresario que firmó un contrato mutuo por 100 mil dólares con una alta tasa de interés y por fuera de las regulaciones del mercado financiero, abrió la investigación que desenmascaró las maniobras realizadas por la organización, que operaba con oficinas en el centro marplatense.
Solo en los últimos dos meses, Movistar registró 85 hechos de este tipo en distintos puntos de la ciudad, lo que afectó el suministro de los servicios de telefonía y banda ancha fija proporcionado a más de 5000 clientes.
