Jueves,21 de Noviembre de 2024
La Justicia de Garantías de la provincia de Buenos Aires consideró que existe una defraudación al Estado Nacional y por ende declinó competencia. El caso se había conocido luego de que una persona beneficiaria del programa denunciara en Mar del Plata que la obligaban a pagar un porcentaje de su ingreso para un supuesto “Fondo de Lucha”.
El fiscal general federal Juan Manuel Pettigiani presentó pruebas ante la Cámara Criminal Correccional de Capital Federal que el inmueble frente al mar adquirido por el Estado en cerca de 750.000 dólares pertenecía a Austral Construcciones, la empresa vinculada con la corrupción en la obra pública por la cual fue condenado Báez.
El accionar propició la donación de casi 12 millones de pesos al Hospital Interzonal General de Agudos. Hubo un caso de juicio abreviado en el que el acusado reconoció su responsabilidad y tres casos de suspensión de juicio a prueba, mientras que los otros 36 casos fueron reparaciones integrales que dieron por extinta la acción penal.
Entendieron que la presentación, que también buscaba evitar el aumento de las prepagas, no significaba una cuestión de urgencia.
La Justicia Federal procesó con prisión preventiva a seis de los siete acusados de formar parte de una asociación ilícita que ocupaba terrenos e inmuebles para luego ponerlos a nombres de otros y ocuparlos o comercializarlos. Entre los detenidos hay una mujer y un hombre está prófugo.
Tiene 38 años y lo detuvo personal de Prefectura en Marcelo T. de Alvear y Gaboto. La Justicia Federal había pedido su captura en agosto de 2021.
Lo hizo la Dirección General de Aduanas. La firma está afincada en San Antonio Oeste pero le pertenece a un empresario local. La acusan de subfacturar en un 30 por ciento sus exportaciones de merluza a Brasil y de colas de langostinos a Perú. Podrían aplicarle una multa de hasta 8 millones de dólares.
Para la Justicia Federal es parte de una organización dedicada al comercio, abastecimiento y entrega de drogas operaba en Mar del Plata. Además, hay otras ocho personas detenidas, entre ellas una mujer que quedó con arresto domiciliario.
El operativo lo realizó la Justicia Federal con personal de Prefectura. Secuestraron estupefacientes, vehículos y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.
Si bien la Justicia Federal consideró que ese delito no existió, los ruralistas fueron condenados en un juicio abreviado por lesiones y coacción agravada con penas de dos y un año.
