El jefe de la Policía Local, Fernando Telpuk, planteó la necesidad de que esa fuerza disponga de una sede propia debido a que el municipio no resolvió si hará uso del edificio que en su momento había sido alquilado, con una opción de compra, en la esquina de Alvarado y Marconi, frente al barrio Centenario.

En una entrevista con María Delia Sebastiani en LU6, el funcionario se refirió a cuáles son las principales necesidades que actualmente afronta la Policía Local, identificando entre ellas, la de contar con un lugar físico en el cual poder establecerse de manera definitiva.

“Necesitamos equipos de comunicación, recursos para el adiestramiento como un polígono virtual y municiones y una sede, porque estamos viviendo de prestado”, comentó Telpuk al describir qué cosas le solicitaría al ministro del Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, si tuviera la oportunidad de hacerlo.

La carencia de un edificio propio obedece a la falta de definiciones por parte de la gestión del intendente Carlos Arroyo con respecto al uso del ex frigorífico Rico, ubicado en Alvarado y Marconi, el cual había sido elegido durante el gobierno de Gustavo Pulti para establecer la sede central de la fuerza.

En su momento Telpuk había defendido la adquisición de ese inmueble destacando sus ventajas, sobre todo, por su ubicación “estratégica” en el centro geográfico de Mar del Plata.

El convenio entre su actual propietario y la comuna se había firmado el pasado 29 de junio.

En el documento se estableció que el municipio mantendría alquilado el lugar durante casi un año, realizando pagos mensuales de 35 mil pesos. Dentro del acuerdo se dispuso establecer una opción de compra, de la cual el municipio debería haber hecho uso antes del 20 de diciembre, cosa que nunca sucedió.

Esa fecha había sido establecida para que la cuestión pudiera ser resuelta por quien asumiera la intendencia el pasado 10 de diciembre.

Pero lo cierto fue que en menos de una semana, el secretario de Seguridad de aquel entonces, Julio Razzona, abandonó el gabinete de Arroyo presentando su renuncia y desde entonces nunca fue reemplazado.

Dentro del acuerdo también se había estipulado además que en en el caso de que la comuna avanzara con la compra del inmueble su precio sería de 5 millones de pesos, a pagar en varias cuotas.

La operación no se llevó a cabo y, según consta en la documentación del acuerdo, el contrato de alquiler vencerá de manera definitiva el 29 de julio de 2016.

Hasta ahora el Ejecutivo no definió si lo prorrogará o no. Además, en el edificio no se tareas de acondicionamiento suficientes como para que los efectivos dispongan de un lugar donde poder cambiarse al tomar sus servicios, dejar a resguardo sus armas o estacionar móviles.