La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) cuestionó “diversos aspectos” de la Ley de Treletrabajo, por entender que “resultan contrarios al desarrollo de esta modalidad laboral”.

En concreto, la entidad empresaria advirtió que la regulación “debe ser equitativa y sustentable en el tiempo -comprendiendo que el teletrabajo requiere de normas menos rígidas que las de las labores presenciales tradicionales- y debe considerar la opinión de aquellos empleadores para quienes esta alternativa no es una novedad”.

“El hecho de que el empleado puede disponer en cualquier momento el regreso a las tareas presenciales -caso contrario, puede considerarse despedido- obliga al empleador a contar con instalaciones ociosas -disponibles en caso de que el trabajador quiera ejercer esa opción- lo que encarece sensiblemente los costos del teletrabajo”, sostuvo la CAC.

Y añadió que las jornadas de trabajo con horarios rígidos “no permiten adaptarse a los diversos husos horarios de los países de destino de las exportaciones de servicios; mientras que dejar las particularidades de la modalidad por fuera del ámbito de la negociación colectiva de cada sector introduce una dificultad adicional”.

“La regulación de cuestiones del futuro con conceptos del pasado constituye un error. Las excesivas rigideces que introduce la norma significan un obstáculo para la generación de nuevos puestos de trabajo registrados, a la vez que dificulta el desarrollo de las relaciones vigentes”, alertó la entidad.

Por estos motivos, abogó por que la reglamentación de la ley “minimice las falencias que ésta presenta, a fin de que el nuevo esquema de teletrabajo no vaya en detrimento de la actividad productiva de la Argentina”.

El Senado aprobó el jueves y convirtió en ley el proyecto para regular el teletrabajo, en una votación dividida, en la que el Frente de Todos justificó el avance en la sanción sin modificaciones y Juntos por el Cambio criticó la ausencia de correcciones.

La nueva norma establece una serie de principios generales para la nueva modalidad laboral -extendida durante la pandemia de Covid-19 y el aislamiento- y deja las regulaciones específicas en manos de los convenios colectivos de cada sector.